Tengo un amigo que, por su trabajo como agente de protección, aprovecha mi llegada, en las primeras horas de la madrugada, tras la labor del diario, para abordar los más disímiles temas del espectro informativo. Gustavo tiene apellido (Fischer) anglosajón y de campeón mundial de ajedrez, aunque no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas.
«¿Me quieres decir cómo se mastica eso de que el país que nos acusa de patrocinar el terrorismo se siente a la misma mesa con nosotros para combatir ese flagelo?». Así, en la más nítida expresión del habla popular, mostró, sin disimulo, su incredulidad, que yo entendí como inconformismo.
Había leído la nota que daba cuenta de una reunión técnica sobre cooperación para el enfrentamiento al terrorismo, incluido el secuestro de aeronaves y embarcaciones marítimas y el empleo de redes digitales con fines violentos, que se desarrolló en La Habana entre el 27 y 28 de abril, últimos. En ella, por la parte estadounidense, participaron funcionarios de los departamentos de Justicia, Estado, Seguridad Interna y la Embajada en Cuba, y por la Mayor de las Antillas acudieron representantes de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, así como de la Fiscalía General de la República y de la Aduana General de la República.
Le dije que el «cuento» de país patrocinador del terrorismo es mucho más largo, que está políticamente motivado, o lo que es lo mismo: se incluye como piedra angular de los ataques de ese Gobierno contra el pueblo cubano y su Revolución.
Según la Sección 2656f (a) del Título 22 del Código de Estados Unidos, el documento tiene entre sus objetivos la determinación de los Estados patrocinadores del terrorismo, sobre los que recaen cuatro tipos de sanciones: prohibición de las exportaciones y ventas de armas; controles sobre las exportaciones de artículos de doble uso, que requieren notificación al Congreso de 30 días para bienes o servicios que podrían mejorar la capacidad militar del país o la capacidad para apoyar el terrorismo; y, léase bien: prohibiciones de asistencia económica y restricción financiera.
La arbitraria, espuria y unilateral lista se publicó por primera vez con James Carter en la Casa Blanca, en 1979. Entonces aparecieron relacionados Libia, Irak, Yemen del Sur y Siria, y desde entonces –¿casual o curiosamente?– Estados Unidos invadió o apoyó conflictos internos en Libia, Irak, Yemen del Sur, Siria y Afganistán, este último país aun cuando no ha estado en el catálogo terrorista porque la administración que lo engendró no reconoce al talibán como un gobierno legítimo y soberano.
Cuba apareció en el ilegítimo listado imperial en 1982, en época de Ronald Reagan, justo cuando se intensificaron la hostilidad y las ansias de someter a la Mayor de las Antillas por cualquier vía, incluyendo la de la agresión. Esa es una de las consecuencias, podría afirmarse que la más intencional de ellas, del informe sobre la tal «listica», pues pasa por crear un consenso en la opinión pública para implementar sanciones que pueden llegar hasta la intervención militar.
La mayor Isla del Caribe, que no patrocina ningún tipo de terrorismo, sino que lo combate, venga de donde venga, y ha sido víctima de este, incluso del auspiciado y aupado por Estados Unidos, no salió más de esa relación hasta que Barack Obama, en su segundo mandato presidencial, la excluyó, en 2015, no sin antes expresar que «Cuba se ha distanciado del terrorismo internacional; Cuba ha fortalecido su ley antiterrorista, especialmente en lo concerniente al lavado de dinero y financiación del terrorismo; Cuba ha facilitado negociaciones entre las farc y el Gobierno de Colombia; en Cuba continúan residiendo miembros de eta, pero no les han permitido participar en actividades terroristas; en Cuba residen fugitivos de la justicia estadounidense, pero aunque niega devolver a varios de ellos, ha sido de mayor cooperación con los Estados Unidos en los últimos años».
Obama, aunque sacó a Cuba de la lista, repitió la misma matriz de sus antecesores, pese a usar un lenguaje menos agresivo. Luego llegó a la Casa Blanca Donald Trump, dispuesto a barrer cualquier relación con la Isla, y fue eslabonando su tejido de hostilidad y de odio. En 2017 apareció el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba, que limitó al extremo la entrada de divisas para lograr la asfixia económica. En el 72 periodo de sesiones de Naciones Unidas calificó a Cuba de «régimen corrupto y desestabilizador».
No le bastó la arbitraria postura, y en 2019 afirmó que la Mayor de las Antillas «mantiene una estrecha colaboración con Estados patrocinadores del terrorismo», aunque no la incluyó en la lista. Pero se cancelaron las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el eln, a lo cual se unió el atentado contra la Escuela de Cadetes Santander, en Bogotá, y el ejecutivo que comandaba Iván Duque rompió el acuerdo y reclamó a los del eln que permanecían en Cuba. La Isla actuó de acuerdo con los protocolos.
A solo nueve días de concluir su mandato, el 11 de enero de 2021, Trump decidió incorporar a nuestro país a la injusta relación, a partir del pretexto de las reclamaciones de Colombia.
Biden sostuvo lo que hizo el republicano, con idéntico argumento, y desconoció que el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, reanudó las negociaciones de paz con el eln, y desactivó el proceso de extradición para favorecer esa instancia de diálogo.
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Una simple ojeada a las sanciones que imponen las administraciones estadounidenses a los países que están en ese documento es un retrato de la agresividad que sufre hoy Cuba: bloqueo de créditos en el Banco Mundial e instituciones similares; permitir denuncias contra ellos en tribunales estadounidenses por daños civiles a las familias de víctimas del terrorismo; denegación de deducciones fiscales para sueldos cobrados en esos países; eliminación del duty-free a importaciones de esos países; posibilidad de prohibir a ciudadanos estadounidenses entablar relaciones financieras con esos países…
«Entonces, ¿de qué manera pueden compartir mesa acusador y acusado?», volvió a increpar Fischer, como lo haría cualquier cubano.
Es justamente la realización de este intercambio una de las expresiones más claras del compromiso del Gobierno cubano en la lucha contra ese flagelo, y del empeño en dar todos los pasos necesarios para combatir a sus perpetradores. Le recordé que la propia nota que leyó deja claro que con ello no se «contradice el más absoluto rechazo a la lista que emite el Departamento de Estado sobre este tema».
La presencia de Cuba como país patrocinador del terrorismo desconoce los 19 convenios internacionales suscritos por ella relacionados con el enfrentamiento a ese flagelo; que el territorio nacional jamás se ha utilizado para organizar acciones terroristas contra cualquier país; que no ha tenido participación ninguna en financiamiento de este tipo de acciones, que posee un expediente de cooperación bilateral que incluye devolución de terroristas, incluso en años recientes. Además, por esa absurda calificación de la nación caribeña, Estados Unidos prohíbe a los cubanos acceder al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).
Lo que se persigue con esa etiqueta es recrudecer más la guerra económica contra Cuba, y engordar el también espurio propósito de tildarla como un Estado fallido. Pero al mundo no se engaña fácilmente, y pide a gritos la exclusión de la Mayor de las Antillas de ese engendro, en base a la manera en que ella se ha entregado por la paz mundial.
Para Cuba hay una sola posición, y la expresó el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en diciembre de 2022, en el mismo sitio en que la Patria fue herida por las garras terroristas del imperio, en Barbados. Allí, donde se registró el primer acto de ese tipo contra un avión civil en pleno vuelo, en el cual murieron 73 personas, dijo: «ratifico la más firme condena de Cuba al terrorismo del que hemos sido víctimas (…). Denunciamos, en cuanta tribuna se abra a nuestra denuncia, que el mismo odio de los que garantizaron impunidad a los terroristas, mueve a quienes, en inaceptable ofensa a las víctimas, siguen causando dolor a Cuba, al poner su nombre en una espuria lista de auspiciadores del terrorismo».