CUESTIÓN DE LEYES Comunicar bajo el respaldo de una ley

Comunicar es, en la misma medida, necesidad y deber. Dependemos de ese acto para materializar uno de los derechos ineludibles para el ser humano –en estos tiempos quizá como nunca antes–, el acceso a la información;  pero, a la vez, somos en muchos casos eslabón de una cadena que permite a otros ese mismo nivel de acceso.

A lo largo de nuestra vida resultamos indistintamente receptores y emisores, aunque, como en otros ámbitos y metafóricamente hablando, no siempre damos lo que recibimos; en otras palabras, no siempre nos exigimos –a la hora de comunicar– el mismo nivel de transparencia, argumentación preparación y empeño que esperamos cuando queremos recibir información.

Una salvedad se impone: comunicar no es una expresión privativa del lenguaje en cualquiera de sus manifestaciones. Para ahorrarnos enumeraciones, baste decir que muchas veces recibimos información sin que seamos ni siquiera conscientes de ello.

Es, por ende, un proceso que escapa a nimiedades y simplezas, porque su ascendencia en todos los niveles de la vida en sociedad es tal, que no admite ser tomado a la ligera, ni reducido a los estrechos límites de la mediocridad, el facilismo o, peor aún, las estratagemas para no decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo, aunque la frase parezca un trabalenguas.

En el mundo de hoy, en el que vivimos justo ahora, en el que tanto mensaje chatarra alimenta la enajenación, la superficialidad, y la mentira se paga muy bien, donde cualquiera se convierte en emisor, –pero pocos tienen total responsabilidad con lo que transmiten–, fortalecer los pilares de la comunicación social, establecer las pautas para su verdadera funcionalidad, estrechar los nexos entre todos los actores que intervienen en los procesos comunicativos y, a la vez, crear las herramientas necesarias para que cada quien cumpla con su papel, son urgencias de las sociedades modernas, y Cuba no está exenta de ello.

Han sido notables los esfuerzos para consolidar tales principios en el país, esencialmente porque no hay una gestión de Gobierno efectiva si no tiene una adecuada política de comunicación que lo respalde y, precisamente, ese fue el primer paso para llegar al momento que vivimos hoy, la discusión de un proyecto de Ley de Comunicación Social.

Como se ha hecho habitual, el texto ahora pasa por un proceso de enriquecimiento y transformación, que estará determinado por la profundidad de los análisis, no solo de los profesionales de la comunicación, sino también de servidores públicos, y claro, del pueblo. De hecho, para que cumpla sus objetivos le es imprescindible ese paso de construcción colectiva que le garantice mayor alcance, representatividad y acercamiento a la realidad cubana.

Sin embargo, aunque todavía no existe una versión definitiva para someterla a aprobación, hay aspectos esenciales que dejan ver en el texto una clara voluntad de establecer los cauces, muchas veces ausentes, por los que debe discurrir la comunicación social en Cuba.

Aunque ha sido siempre la transparencia una máxima de la Revolución, esta Ley vendrá a legitimar de forma definitiva el derecho a la información, y probablemente sea ese su mayor alcance. No se trata solo, como explicamos al principio, de necesitar información y buscar las vías de acceder a ella, sino de dejar claro quiénes tienen el deber de ofrecerla, de manera oportuna y con total apego a la verdad. Las personas necesitan saber que tienen derecho a estar informadas, y en la medida en que crezca esa cultura crecerá también la cultura para exigir por el cumplimiento de ese derecho.

Expresa, también, una definición de lo que podemos entender como un sistema de comunicación, que abarca los ámbitos institucional, mediático y comunitario, algo lógico si apuntamos a que la comunicación transversaliza los espacios más importantes de intercambio social, sean físicos o digitales, de ahí que establezca los principios sobre los cuales se sustenta.

Son varios los puntos novedosos a los que hace referencia el anteproyecto, entiéndase, por ejemplo, el concepto de la comunicación de crisis, las alternativas a las que podrán acudir los medios de comunicación social para autogestionarse financiamiento y otros recursos logísticos. Asimismo, esclarece y diferencia términos y, sobre todo, deja claro que Cuba apuesta por un sistema de comunicación que responda a los pilares del socialismo.

Entre otros, tiene el texto el mérito de definir a los llamados sujetos obligados, que no son más que aquellos que además de brindar información, tienen la responsabilidad de garantizar que fluyan los procesos comunicacionales en sus esferas de actividad.

No dudo que a algunos el término, «obligados», les genere una cierta incomodidad, sin embargo, no es más que la expresión de la alta responsabilidad que tienen cuadros administrativos y dirigentes políticos con el pueblo. Una máxima que siempre defendió Fidel, visionario y consciente de que el pueblo merece y necesita saber todo aquello que le atañe, perjudique o beneficie.

Fue su persona el principal ejemplo de que era posible hacerlo, y que las tareas diarias no justifican la evasión de esos espacios de diálogo imprescindible.

Muchos disgustos, malos entendidos, enojo, desaprobación, provienen a veces de la violación de lo que debe ser una práctica habitual, sistemática.

Pudiéramos disertar mucho más acerca del anteproyecto, pero creo que lo fundamental es acceder a él, e interpretarlo con visión crítica, objetiva, realista. La sabiduría popular tendrá en ello un peso ineludible, por lo que, en mi modesta opinión y espero así sea, es imprescindible que las personas se involucren en un proceso que también puede aportar mucho a nuestro presente y futuro.

Contar con una Ley de Comunicación será otro hito para este país, y hará que los debates sociales sean cada vez más ordenados y apegados a las normas imprescindibles para que la comunicación fluya.

Pero tal y como se ha planteado en relación con otros proyectos similares ya aprobados, no resolverá los problemas que hoy inciden de forma negativa en la manera en que fluye la comunicación.

Entendamos, entonces, tres cosas sobre las que nos pone a reflexionar el anteproyecto de Ley de Comunicación Social. Primero: la información pública es para todos, no se oculta, ni se manipula, ni se evade el momento de ofrecerla. Segundo: Cuba enfrenta, como nunca antes, una guerra mediática de desacreditación, tanto del sistema social como de las personas que lo dirigen, por ende, esta herramienta vendría a facilitar la exposición de nuestras verdades al mundo. Tercero: ocultar información pública o negarse a brindarla es un arma de doble filo que pone en riesgo la confianza del pueblo en la institucionalidad estatal, por lo que actitudes de ese tipo no pueden pasarse por alto.

Pese a la dureza de los tiempos, Cuba no renuncia a su desarrollo, al mejoramiento del nivel de vida del pueblo, a la informatización de la sociedad, entre otros acápites. Pero para que eso sea posible, debemos articular un sistema de comunicación sólido que, con su propia ley como respaldo, contribuya a hacer realidad, desde la alta responsabilidad que implica el acto de comunicar, cada una de esas metas.