El 61,96 % de las propuestas recibidas durante la consulta popular del proyecto del Código de las Familias fue favorable, aun cuando también se generaron opiniones variadas e, incluso, polémicas respecto a temas como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo, la gestación solidaria y la responsabilidad parental, destacó Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia.
Durante el último intercambio realizado entre la Comisión Redactora del Código de las Familias y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) –previo al Noveno Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento–, el titular de Justicia subrayó la trascendencia que ha tenido la opinión del pueblo en este proceso, tanto por el debate y aprendizaje suscitado como por los aportes a la redacción de la normativa.
Participación verdadera y democracia del pueblo fueron las palabras con las que el diputado William Licour González, por el municipio artemiseño de Guanajay, calificó la consulta; y, a su juicio, continuar ese debate, evidencia que se trata de un Código que va a la raíz y muestra las esencias de la familia cubana.
Asistir a este ejercicio democrático, que ha contado con varios momentos y acciones hasta llegar a la versión 25 del Código, «también nos habla de cómo la voz popular ha estado presente en todo ese análisis, y cómo ello ha conducido a repensar propuestas e ideas», aseveró el diputado Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento Juvenil Martiano.
En relación con algunos criterios durante la consulta popular, pero que, de acogerlos dentro de la Ley, implicarían incoherencias con la Constitución y con tratados internacionales, la doctora en Ciencias Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, dijo que limitaría el acceso de todas las personas al matrimonio, uniones de hecho afectivas y técnicas de reproducción asistida.
Agregó que tampoco puede eliminarse del Código la noción positiva de la crianza sin violencia, la responsabilidad parental, o la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.
Para garantizar que, bajo ninguna circunstancia, pueda darse cabida a un acto mercantilista en lo referente a la gestación solidaria, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, propuso incluir que aquel médico o especialista que asuma aplicar dichas técnicas sin tener la autorización judicial que valida ese proceder quedará inhabilitado permanentemente para el ejercicio de su profesión.
Llegar al Código que aspiramos, y que se parezca a nuestra sociedad, es el propósito final de todos estos debates y propuestas, sostuvo Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP.