Durante los meses previos al 11 de julio de 2021, el pueblo cubano fue objeto de una sistemática campaña de influencia motivacional, pura y dura guerra sicológica, fabricada en los laboratorios de la CIA, para construir un estado mental que desencadenara el caos mediante acciones violentas.
Las transnacionales de las comunicaciones y la información trabajaron en esos días con precisión milimétrica.
La guerra económica provoca escasez, se crean sentimientos de inseguridad, de pavor y ansiedad constante, los medios mantienen a las personas conectadas al odio, no lo dejan caer, los llevan al límite de resistencia
Ese 11 de julio, es cierto, salieron personas a la calle a protestar, compulsados por la campaña en las redes sociales y por los medios digitales, molestos por los apagones, la escasez de alimentos, etc.; pero ni uno solo de esos manifestantes fue juzgado y condenado.
Ninguno de los condenados es un manifestante pacífico. En cambio, sí se juzgaron activistas entrenados por el Gobierno de EE. UU., que organizaron el enjambre del caos para crear las condiciones que justificaran la intervención de Washington, algo que no ocultaron y declararon. Los llamados a la agresión extranjera eran constantes por cuanto medio tuvieron a su alcance.
Fueron juzgados y condenados los que saquearon, incendiaron instituciones, agredieron a las personas, intentaron tomar unidades de la Policía, los que lanzaron cocteles molotov y apedrearon hospitales, los cómplices declarados de la invasión preparada contra su pueblo.
En Cuba el pueblo salió a defender su Revolución. De no haber ocurrido así, de no haberse frustrado la intentona contrarrevolucionaria, hubiéramos tenido que combatir con las armas la agresión yanqui que se preparaba.
EL IDEAL DE ALCANZAR TODA LA JUSTICIA
Para Cuba la justicia ha constituido un elemento esencial en el proceso mismo de formación de la nacionalidad, ha estado en el centro de las luchas emancipadoras de su pueblo.
No existen bienes más estimados por los cubanos a lo largo de la historia que la independencia, la igualdad, la justicia y la lucha contra los intentos anexionistas.
Platón, en su Carta VII, expresó: «las cosas son nada más las sombras cuyos perfiles proyecta la luz de las ideas eternas sobre el muro de la caverna en cuya penumbra vivimos irremisiblemente».
La Revolución Cubana es luz que ilumina la penumbra de la caverna, que alumbra el camino de la justicia y la dignidad humana, como diría Cintio Vitier: «la resurrección histórica de Martí en nuestras almas y en nuestros actos».
Jamás un pueblo armado con tales valores mancharía su historia con actos de barbarie como los que le atribuyen los enemigos, en su campaña de intento de asesinato del crédito y el prestigio de una nación.
El pasado mes de enero, el subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, y el secretario de Estado, Antony Blinken, acusaron al Gobierno cubano de tener detenidas injustamente a 600 personas vinculadas con los sucesos del 11 de julio y del 15 de noviembre de 2021, a quienes denominaron presos políticos.
Los procesados tras los sucesos del 11 de julio de 2021 no son presos políticos, son personas que, actuando como peones en los intentos de desestabilización del país, cometieron hechos vandálicos, asaltaron mercados y tiendas, realizaron agresiones violentas contra personas del pueblo, autoridades y funcionarios, atacaron a instituciones civiles y de la Policía, así como otros graves delitos.
Las piedras lanzadas contra el área materno-infantil del hospital Julio Aristegui Villamil, en la ciudad de Cárdenas, y las amenazas de ataques a centros de aislamiento para pacientes contagiados con el coronavirus, son un buen ejemplo de la catadura moral de los implicados.
La mentira desatada desde Washington alrededor del tema de los encarcelamientos de inocentes sin mediar el debido proceso, de los supuestos desaparecidos y torturados, y de los prisioneros de conciencia, sin duda forma parte de una peligrosa cruzada que busca privar a la Isla del apoyo internacional, para así poder actuar ellos con absoluta impunidad y cometer los desmanes que acostumbran a realizar contra los pueblos que invaden y sojuzgan.
LA TERCA VERDAD
El delito de sedición, por ejemplo, con distintos nombres e interpretaciones está recogido y se penaliza en casi todos los países del mundo, incluidos Europa y EE. UU. Igual ocurre con el desacato, el saqueo, la agresión contra las personas, etc.
Las penas por sedición en Europa van desde los cinco años hasta los 20 o más, según el país. En EE. UU., las leyes federales contemplan el delito de conspiración sediciosa, en el Título 18, Sección 2.384, del U.S. Code.
Recordemos, por ejemplo, las penas injustas contra los patriotas independentistas puertorriqueños, entre otros, Pedro Albizu Campos y Óscar López Rivera, este último condenado a 55 años de prisión, de los que cumplió 35.
Véase el caso, también, del activista estadounidense Leonard Peltier, de ascendencia anishinaabe lakota, encarcelado desde 1976, o sea, 46 años preso por un crimen que no cometió.
En todos estos ejemplos se trata de personas comprometidas con su pueblo, que no actuaron como mercenarios a sueldo de una potencia extranjera. Podríamos citar miles de juicios amañados, de injustas condenas, de niños y niñas sentenciados a cadena perpetua, de cárceles secretas y otras violaciones de la justicia en el país que cuestiona a Cuba.
Apenas comenzaron las acciones del día 11 de julio, los «manifestantes» recibieron apoyo público y notorio de legisladores estadounidenses, de operadores políticos de la mafia anticubana y de medios de comunicación. Fueron acciones tramadas y pagadas desde Washington, que contaron con alta tecnología.
Los convocantes y organizadores de las «manifestaciones» reconocieron abiertamente el financiamiento del Gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden constitucional en la Isla, y actuaron con el manifiesto propósito de generar el caos y propiciar la intervención foránea.
Obrar en interés de una potencia extranjera y poner en riesgo la soberanía y la integridad de la nación es anticonstitucional, es ilegítimo y penado por nuestras leyes.
En su comparecencia en el programa televisivo Hacemos Cuba, en julio de 2021, la coronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint), explicó como se buscaba «documentar, legalizar y presentar, tanto a la Fiscalía como a los tribunales, las pruebas necesarias que, con apego a la ley, indiquen la participación en los hechos de los ciudadanos que ya han sido detenidos, quienes fueron capturados in fraganti en la comisión de acciones violentas y manifestaciones de vandalismo».
La mayoría de las personas juzgadas tenía antecedentes penales, entre los que figuran delitos como la tenencia de armas y alteración del orden público, entre otros. Algunos de ellos habían recibido el beneficio de la libertad condicional, el cual perdieron por su accionar delictivo.
La Ley de Procesos Penales de nuestro país establece que la confesión del acusado no es prueba en el proceso penal, por lo que la persona es libre de declarar o no declarar.
Durante las investigaciones se realiza un tratamiento individualizado de la persona y se evalúa el grado de participación de cada una de ellas, como lo prevé el Código Penal.
No se condenó «en serie» a los encontrados culpables, existen varias sanciones de acuerdo con el grado de implicación en los actos y las circunstancias, además de multas o advertencias. En nuestra Isla no se condena a inocentes.
Eso sí, los actos violentos, el saqueo, el desorden público, el intento de derrocar a la Revolución tendrán siempre una respuesta penal acorde con las leyes de la nación y con los principios que norman nuestro actuar.