Cuba cuenta con una Ley de Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo
Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la primera jornada del Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su ix Legislatura, los representantes del pueblo centraron parte del debate en la Ley de Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, aprobada por unanimidad este mismo martes.
Al decir del diputado Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía, en la presentación del dictamen, esta Ley constituye una disposición necesaria y novedosa por la ausencia, en el ordenamiento jurídico nuestro, de normativas relacionadas con esta materia.
Repasó que, previo al debate en la Asamblea, en los meses de noviembre y diciembre las comisiones de Industria, Construcciones y Energía y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consultaron el Proyecto de Ley con los diputados en dos reuniones desarrolladas por videoconferencia y una de forma presencial, formulándose 52 intervenciones, que generaron 127 criterios y propuestas.
Estos criterios, sumados a los 160 realizados por la población y los organismos a través del sitio web del Parlamento, habilitado a estos efectos, fueron evaluados por ambas comisiones, de conjunto con funcionarios y expertos, quienes determinaron que, de los 287 criterios, 250 constituyeran propuestas, de las cuales fueron aceptadas 148, realizándose 63 modificaciones al texto inicialmente circulado, añadió.
El Presidente de la Comisión explicó que, luego de la reunión de trabajo para el análisis de esta disposición, efectuada el pasado 18 de diciembre, y atendiendo a las recomendaciones del Primer Ministro de la República, se estableció un grupo de trabajo que incorporó al proyecto de Ley las modificaciones pertinentes emanadas de las propuestas recibidas, elaborándose una nueva versión que se sometió al conocimiento de los diputados.
A partir de este análisis, las comisiones que dictaminan realizaron al Instituto Nacional de Ordenamiento y Urbanismo las siguientes recomendaciones: desarrollar un plan de capacitación de sus integrantes y otros organismos que así lo requieran, para el conocimiento de esta Ley y sus disposiciones complementarias; establecer una estrategia de comunicación social que permita la debida información a la población del contenido de esta Ley y sus normas complementarias; así como informar, en el término de dos años de la entrada en vigor de la Ley, a la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, sobre su implementación y las recomendaciones que se formulan.
NOVEDADES Y OBJETIVOS DE UNA LEY OPORTUNA
A nombre de las comisiones encargadas de la normativa, Lajes Choy significó la correspondencia de la Ley del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo con la Constitución de la República.
Dijo que tiene como objeto establecer las regulaciones para una adecuada organización y utilización óptima del espacio, con una visión perspectiva del desarrollo que articule las diferentes competencias que inciden sobre el territorio, y que regule de forma adecuada las exigencias del planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana, como un sistema integrado, en sus interrelaciones con el desarrollo de las investigaciones científicas y la innovación en esas competencias e instrumentos, explicó.
Entre los objetivos –detalló– se encuentran definir los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, su contenido, ámbito, alcance, instancias de aprobación y su gestión; las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular, del Instituto Nacional, las delegaciones y direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo; el régimen jurídico y urbanístico del suelo; los instrumentos para la gestión del suelo; las servidumbres; el catastro nacional y las zonas con regulaciones especiales.
«Los actores que intervienen en el ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, participación y comunicación, responsabilidades y deberes; la inspección, el control, la disciplina territorial y urbana; así como las responsabilidades y deberes de los organismos de la Administración Central del Estado y de otras entidades, constituyen también objetivos de la presente Ley», añadió.
Asimismo, la aprobación por el Consejo de Ministros de la política para el perfeccionamiento del sistema de ordenamiento territorial y urbano y para la gestión del suelo establece los principios que sustentan las regulaciones contenidas en la Ley.
Expuso el diputado que, mediante la Ley, se perfeccionan los instrumentos de planeamiento para el desarrollo físico-espacial de los territorios y los procesos jurídicos, administrativos y técnicos dirigidos a utilizar de forma sostenible el suelo, estableciéndose sus niveles de aprobación.
Destacó lo novedosa que resulta en la disposición la declaración de incompatibilidad y ruina sobre las edificaciones, la construcción en azoteas estatales, las servidumbres, y reconoce la necesidad de los mecanismos e incentivos económicos, fiscales y legales que contribuyen al manejo sostenible del suelo, y las herramientas que permiten poner los beneficios derivados de las operaciones sobre el suelo al servicio del interés general.
También se dedica un Título a la participación y comunicación, se reconocen los actores que intervienen, y se definen las responsabilidades y los deberes comunes y específicos de los diferentes órganos, organismos y entidades en el marco de sus competencias, con respecto a la elaboración y gestión de los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano y a la gestión del suelo.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Juan Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, recordó que esta Ley, por su impacto en la sociedad y en la construcción, fue bastante discutida, inclusive desde que era un anteproyecto. Dijo que, debido a ello, también llegó una parte importante de opiniones de la población, y luego casi un 50 % de los artículos fueron modificados.
Todas esas discusiones que sostuvimos, las propuestas de los organismos y de la población, conllevaron a tener esta Ley para ponerla a disposición de todos los diputados, reconoció.
Lazo Hernández llamó a la reflexión, pues la Asamblea tiene una alta responsabilidad que pasa por su función constitucional, legislativa y de control; de ahí que una de las misiones, una vez que se pone a análisis una ley, radica en que el Parlamento debe tener en cuenta cómo controlarla, desde su análisis sistemático, mediante el trabajo de las comisiones.
A la importancia del texto legal se refirió la diputada Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra y presidenta del Consejo Nacional de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación, quien recalcó que, desde hace varios años, aparejado al proceso de perfeccionamiento del Instituto, se han emitido normas y regulaciones que respaldan los planes del ordenamiento territorial, pero no cuentan con una ley que permita su adecuada implementación.
Asimismo, resaltó el impacto de su existencia en el desarrollo económico-social del país, porque se articula con los planes de la economía y con el Presupuesto del Estado. Al respecto, ilustró que el desorden urbanístico propicia que en algunos lugares haya que emplear presupuesto adicional del Estado para resolver los problemas.
La Vice Primera Ministra señaló la necesidad de capacitar a las personas en el contenido y reglamento de la Ley, para hacerla cumplir correctamente, y que pueda incidir de manera favorable en el desarrollo de la nación.
Esta Ley –agregó Chapman Waugh– no solo responde al tema de la vivienda, sino que se articula con las inversiones que se ejecutan a nivel local, municipal, provincial y nacional, relacionadas con el plan de desarrollo integral de los territorios del país.