Dispone Cuba de nuevas normas jurídicas para el desarrollo industrial
De su alcance, objetivos, tareas que les corresponde cumplir y dar seguimiento hablaron este jueves, en conferencia de prensa, Ernesto Cedeño Rodríguez, viceministro primero de ese organismo, y Grisel Tristá Arbizú, experta de su Dirección de Política e Innovación Tecnológica, quienes aclararon que la Resolución 95, del titular del ramo, que la complementa, define las prioridades por tipo de industrias. Cedeño precisó que el decreto está en consonancia con la Estrategia de Desarrollo Económico y Social del país, la actualización de su modelo económico y responde a nueve de los Lineamientos del Partido, en tanto la aspiración de transformar y modernizar la industria, por etapas, resulta un imperativo máxime cuando se ha visto afectada por el bloqueo estadounidense, la situación financiera de Cuba y la obsolescencia tecnológica. Subrayó que en tal sentido, además de implementar la Política de Desarrollo Industrial, con las transformaciones se pretende priorizar los productos de mayor impacto en los sectores estratégicos, combinando la innovación y la ciencia, la sustitución de importaciones y la orientación a la exportación, en aras de más competitividad de los bienes y servicios. Informó que más de 500 proyectos apuntan a esos y otros nobles propósitos y en el 80% de ellos están presentes las universidades. Grisel Tristá señaló que las nuevas normas jurídicas, las cuales entrarán en vigor el nueve de enero de 2022, son resultado del trabajo de directivos, especialistas, de la academia, de los centros de investigación y de varios actores industriales, entiéndase por estos quienes, con independencia del tipo de propiedad o nivel de subordinación, producen bienes y servicios.
Enumeró como objetivos específicos contribuir a la soberanía industrial, acortar las brechas que obstaculizan el desarrollo industrial, favorecer el incremento de la riqueza nacional y la sostenibilidad, elevar la productividad del trabajo, el rendimiento de los activos del Estado y de los recursos; el empleo, la superación y capacitación técnica de los trabajadores y asegurar la protección del medio ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. La experta destacó como un principio básico la separación de las funciones estatales de las empresariales, y el papel del Mindus como rector del desarrollo industrial en actividades como la sideromecánica, la química, el reciclaje de materias primas, productos y residuos de materiales reutilizables; la electrónica, y las ramas textil, tenera, de vestuario y sus accesorios, poligráfica, de envases y embalajes y el mobiliario, por citar algunas.
Lea más: Denuncian bloqueo de EE. UU. a Cuba en Foro virtual Antimperialista
Explicó que el Decreto 59, aprobado por el Consejo de Ministros, tiene un capítulo dedicado a los encadenamientos productivos estratégicos y otro al financiamiento para el desarrollo industrial, mientras en uno de sus artículos se refiere a la responsabilidad de los actores industriales.
Estos sujetos están llamados a lograr niveles de crecimiento del llamado Valor Agregado Manufacturero superior al del Producto Interno Bruto, a coadyuvar al mejoramiento de la balanza comercial del país a partir de crecer en las exportaciones y la sustitución de importaciones, mejorar el estado técnico de los equipos y líneas tecnológicas, y disminuir la fluctuación laboral e incrementar la permanencia y el nivel de capacitación de los trabajadores de la industria.