El límite a los derechos no es contradictorio con las libertades a las que apela la Constitución de la República. El debido respeto a los derechos de los demás, al orden público y a la seguridad colectiva, son preceptos lógicos y necesarios establecidos en nuestra Carta Magna para poder preservar los bienes jurídicos que interesan al Estado socialista.
Por eso, la solicitada marcha del 15 de noviembre tuvo la respuesta correcta por parte de las autoridades, según explicó a Granma Ana Ercilia Audivert Coello, directora de Legislación del Ministerio de Justicia (Minjus); pues, aunque es cierto que el derecho de reunión, manifestación y asociación queda claro en nuestra Ley de leyes, también es irrefutable que si no tiene carácter lícito y pacífico, el Estado no puede reconocerlo.
La especialista recordó que la Constitución, aprobada por la mayoría en 2019, además de los derechos, deberes y garantías–más amplios ahora, pero que significan mayores responsabilidades para todos los ciudadanos cubanos– establece, en sus artículos 1 y 4, que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, así como el carácter irrevocable del sistema, por lo que todo lo que se haga en su contra se considera una actitud ilegal.
El ejercicio del derecho de manifestación, entonces, plasmado en la Carta Magna, no respalda la marcha programada para el 15 de noviembre, porque no se realiza en armonía con los presupuestos y principios constitucionales. Así lo consideró el Minjus en su misión de asistir al Estado y al Gobierno, y lo ratifica.
Audivert Coello argumentó que la defensa a la Patria socialista debe primar sobre conductas provocadoras como la mencionada anteriormente. Su carácter ilícito está probado, y sus fines pacíficos son cuestionables, a partir del antecedente que marcó el 11 de julio, así como por los intereses y actores que, se saben, están detrás de la marcha.
La experta dijo que Cuba no es la única nación que establece límites a los derechos, por interés de la seguridad nacional, el respeto al bienestar general, al orden y a la moral. Los límites a los derechos están en varios instrumentos internacionales, con independencia del uso de diversas terminologías, así como en la legislación europea y de Latinoamérica, agregó.
«Ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la Patria y consideramos que esos hechos son inconstitucionales, desestabilizadores y provocadores», concluyó.