Autores: Susana Antón Rodriguez y Freddy Pérez Cabrera.
Injustificable. No existe otra palabra para calificar a quienes, en medio de la crítica situación que vive el país a causa del actual rebrote de la pandemia, se dedican a obtener beneficios a costa del dolor de los demás, mediante la venta ilegal de medicamentos.
Pedir a quien tiene un familiar enfermo tres, seis o 7 000 pesos por una tira de antibióticos o cualquier otro fármaco, resulta condenable desde todo punto de vista; además de constituir una conducta reprochable que nada tiene que ver con los valores que promueve un país que ofrece servicios de Salud de manera gratuita.
De ahí el pedido que, en fecha reciente, hiciera el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para enfrentar de la manera más resuelta esa situación, porque se trata de personas inescrupulosas –con las cuales no puede haber la más mínima contemplación– que tratan de lucrar a costa de la vida de otras.
Una muestra de lo anterior lo contaba, en fecha reciente, un residente en la capital, quien narraba la manera en que compró Rocephin para un familiar que lo necesitaba. Primero, se lo vendían en 20 dólares, pero al final logró dar con otro vendedor de la Villa Panamericana que lo tenía en 600 pesos. La propia persona le comentó que él lo había adquirido en ese mismo precio, pero no lo había usado, por eso «ayudaba» a otros.
Asimismo, detalló que, para contactar al vendedor, se valió de la información publicada en un grupo de la red social Telegram, donde, por igual, venden tres óvulos de Clotrimazol en 800 pesos; un pomo de Clonazepam en 600; y 60 tabletas de Tramadol con paracetamol, en mil. ¡Ah!, y agregó que tiene «ofertas buenísimas» de sondas de aspiradora para secreciones, cánulas para traqueotomía 4.5, catéter de plástico y kit de colecta de orina, entre otros productos.
Situaciones como la narrada se han vuelto recurrentes en las redes sociales. Una rápida indagación realizada en diferentes sitios permite observar que los fármacos más cotizados en estos momentos son Azitromicina, Prednisolona, Cefalexina y Duralgina, entre otros que, en dependencia de su función, contribuyen a combatir el malestar asociado a los síntomas de la COVID-19.
También existen otros medicamentos muy promocionados, de los que se encuentran «a nivel de hospital», como el propio antibiótico Rocephin, las inyecciones de Omeprazol, de Espasmoforte, el Diclofenaco de sodio y hasta el Interferón; además de otros que fueron importados al amparo de la Resolución 309 de la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 62, que establece el no pago de los aranceles e impuestos en la Aduana.
Tal situación no es nueva, solo que ahora se ha agudizado en medio de la compleja situación que atraviesa la nación, la cual no puede desvincularse de los efectos del criminal bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, que impide la adquisición de insumos fundamentales para la elaboración de diferentes tipos de fármacos.
Debido a esta política hostil, se dificulta el pago a algunos bancos y son casi imposibles las transacciones monetarias; además de las operaciones destinadas a la importación de las materias primas necesarias para elaborar alrededor de 263 medicamentos pertenecientes al cuadro básico del año en curso.
Sin embargo, más allá del bloqueo, que es una realidad tangible, también existen otras cuestiones vinculadas al descontrol, a la desidia y a la falta de sensibilidad que prima en varios responsables de controlar el movimiento de tales medicamentos, resquicios por donde se cuelan quienes sustraen o desvían los fármacos para favorecer a unos pocos, o simplemente para revenderlos, sin que parezca importarles el perjuicio que generan.
Ese es el caso de un trabajador en Villa Clara, quien, valiéndose de sus facultades y posibilidades de acceso a pruebas o test rápidos, útiles para detectar anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre, se apropió de ocho de ellos.
Por tan reprochable conducta, quien fuera sorprendido en plena vía pública mientras trasladaba los mencionados test, fue sancionado por el Tribunal Popular Municipal de Santa Clara por el delito de apropiación indebida, ante lo cual el acusado estableció recurso de apelación ante el Tribunal Provincial de Villa Clara.
Por casos como ese, el Gobierno cubano realiza disímiles acciones para reducir ese tipo de conductas que tanto laceran al pueblo. El propio ministro de Salud Pública, doctor José Angel Portal Miranda, señaló en fecha reciente que «es muy duro cada vez que tenemos que enfrentarnos a un delito de este tipo». Artículo tomado del periódico Granma Digital.