¿Qué antídotos existen contra la Helms-Burton?

Cuando el presidente Bill Clinton complació a la ultraderecha de la Florida y firmó en 1996 la ley Helms-Burton, a sabiendas de que violaba principios básicos de la Constitución y sus efectos extraterritoriales serían dañinos para los propios Estados Unidos, la comunidad internacional no se quedó con los brazos cruzados. Los principales socios económicos de Cuba, que comenzaba a salir de la etapa más cruda del periodo especial, se blindaron con leyes propias para defender sus intereses y evitar la aplicación unilateral de la legislación estadounidense. Ahora que la administración de Donald Trump se prepara para la activación plena del título III de la Helms-Burton, diseñado para bloquear las inversiones extranjeras en la mayor de las Antillas, esos mismos países le recuerdan a Washington que ellos también cuentan con recursos legales para hacer frente a la agresividad de la Casa Blanca. La Unión Europea: El Estatuto de Bloqueo Al amparo del título III de la Helms-Burton, que sería activado plenamente el próximo 2 de mayo, los ciudadanos estadounidenses pueden entablar demandas contra empresas cubanas o extranjeras que “trafiquen” con propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución en enero de 1959, a pesar de que el proceso se llevó a cabo con apego a la práctica internacional y en beneficio de la mayoría de los cubanos. Tras el anuncio del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, respecto a la decisión de Washington de aplicar a plenitud la Helms-Burton, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini emitió un comunicado recordándole a Estados Unidos que estaba incumpliendo acuerdos bilaterales en vigor desde hace dos décadas. La Unión Europea interpuso en 1996 una querella contra Washington en la OMC y no la retiró hasta obtener el compromiso de Clinton de mantener suspendida la posibilidad de entablar demandas al amparo del título III, un acuerdo respetado desde entonces por todos los presidentes, incluido Trump en sus primeros dos años de mandato. “La Unión Europea considerará todas las opciones a sus disposición para proteger sus legítimos intereses, incluidos aquellos vinculados a sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea”, señaló Mogherini.