Los derechos del consumidor se redimensionan en el proceso de ordenamiento

Autor: Leidys María Labrador Herrera.

Tanto en su recorrido por las provincias cubanas, como en sus más recientes intervenciones para los medios de difusión masiva, Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión para la implementación de los Lineamientos, ha reconocido que ha existido «la percepción, en una parte de nuestro pueblo, de que su situación es peor ahora, que antes de la Tarea Ordenamiento».

Las causas han sido muy bien explicadas tanto por él, como por los titulares de los diferentes ministerios, pero, sin duda alguna, esa percepción ha estado relacionada con los errores cometidos en la formación de precios por una parte, y, por la otra, con el aumento abusivo de estos, promovido por personas insensibles que han impedido el impacto esperado de la reforma salarial.

Es por ello que el combate contra este flagelo no se ha hecho esperar, y una muestra es el Decreto-Ley 30 del Consejo de Ministros, muy difundido en los últimos días. Sin embargo, esta es también una batalla de ese mismo pueblo que hoy se siente afectado, y que debe hacer valer sus derechos como consumidor.

EL ENFRENTAMIENTO NO SE HA DETENIDO

En Las Tunas, como en todo el país, el de enero ha sido un mes de intenso trabajo y rectificación, ante el llamado del Presidente Díaz-Canel de cambiar, en este proceso, todo lo que pueda y deba ser cambiado, con el oído puesto en el sentir del pueblo.

Lógicamente, a la par de la propia implementación de la Tarea, ha sido necesario desplegar una batalla incansable, para que primen la legalidad, el respeto a los objetivos del proceso y, sobre todo, para evitar el enriquecimiento de algunos, a costa del bolsillo de la mayoría trabajadora.

Del reto que ha significado esa meta, comentó a este diario Arcadis Javier Estrada Rodríguez, director municipal de Supervisión Integral en la ciudad cabecera de Las Tunas.

«Se conformaron 19 grupos de trabajo para el enfrentamiento a todas las desviaciones de la política de precios en el territorio, donde se incrementaron las acciones de regulación y control a todos los prestadores de servicios, o que comercializan algún tipo de producto, tanto estatales como no estatales.

«Se reforzó la participación popular en los grupos antes mencionados, una muestra de ello es la incorporación de los delegados y los presidentes de consejos populares, aun cuando al inicio de la Tarea no contábamos con el Decreto 30, que entró en vigor a finales del pasado mes de enero».

De acuerdo con el directivo, la puesta en vigor de ese instrumento legal ha permitido medidas más rigurosas y ejemplarizantes que no se circunscriben solo a las multas, sino que se han confiscado bienes, se han retirado licencias a cuentapropistas reincidentes e incluso, se han radicado denuncias en los casos en que resulta imprescindible. 

La participación popular en el enfrentamiento permitió que solo en el municipio cabecera se hubieran generado, hasta el momento de esta entrevista, 74 quejas y denuncias, de las cuales 65 han podido comprobarse, pues la información fue verídica. Sin embargo, todavía falta mucho sentido de la responsabilidad, como asegura Estrada Rodríguez:

«Falta enfrentamiento popular a todas estas conductas, porque aun cuando los facultados para aplicar lo establecido somos nosotros, toca, a todo ciudadano, mostrar inconformidad ante una actitud que no es la correcta de un prestador de servicios, sea estatal o no estatal, y denunciarlo.

«Un ejemplo es el control de la venta de la canasta básica normada en las bodegas, nos ha ocurrido que cuando les pedimos a los consumidores que nos dejen controlar el peso, muchos se niegan. A nosotros nos corresponde proteger al pueblo, pero el pueblo también tiene que apoyar nuestro trabajo, para que el enfrentamiento sea eficaz y justo», afirmó.

Lamentablemente, han sido disímiles las problemáticas detectadas, muchas de las cuales, si bien no responden directamente a una violación de la política de precios, tienen un impacto negativo en la economía individual.

«Hemos encontrado casos en que entran productos a una unidad, de primera necesidad o de alta demanda, y luego se ocultan. Ha pasado con cigarros, galletas, refrescos, por solo citar algunos ejemplos. Se han detectado, además, irregularidades en el pesaje, y ello implica que encontremos, también, sobrantes. Evidentemente, cuando se afecta a varios consumidores, eso genera un nivel de mercancía sobrante», argumentó el Director, quien, no obstante, considera que el respaldo del pueblo a esas acciones de control las haría más fáciles de detectar.

En cuanto al tema puntual del Decreto 30, Arcadis Javier Estrada asegura que muchos de los sorprendidos in fraganti muestran inconformidades, esencialmente por la cuantía de las multas en relación con determinadas violaciones.

«Algunos nos han dicho que la multa antes, por no exponer el precio, era de 75 pesos, y hoy es de 5 000. Bueno, pues lo que no debe pasar es que no se exponga el precio del producto, para eso no hace falta nada extraordinario. Igual pasa con el tema del pesaje: si usted está engañando a un consumidor, literalmente le está robando lo que, por derecho, le corresponde, pues la cuantía de la multa es de 8 000 pesos. La solución: no le robe al consumidor, sea honesto en el pesaje», concluyó.

Con no pocos escollos se ha topado Denis René Rosales Torres en el cumplimiento de sus funciones como supervisor integral. Asegura que muchas de las violaciones son realmente alarmantes.

«Entre los ejemplos de las violaciones de precios más frecuentes que nos hemos topado, podemos citar la venta de carne de cerdo. Por mi experiencia personal, yo te diría que hay quien no coopera con nosotros. Nos llaman y, cuando llegamos al lugar, ya no están, o si tratamos de comprobar el peso de lo que han comprado, no nos lo permiten, y entonces los violadores prácticamente se ríen en nuestra cara.

«No obstante, hemos aplicado algunas multas, porque como ellos venden la carne a precios excesivos, no los ponen en la tablilla informativa. Se quejan por la cuantía de la multa y dicen que eso hay que valorarlo, y yo les pregunto siempre, y tú, ¿valoras el precio excesivo al que la vendes?», asegura.

LAS ORGANIZACIONES DE MASAS, UN PUNTAL EN LA BATALLA

Maura Rodríguez Ramírez, coordinadora provincial de los cdr en Las Tunas, compartió con Granma algunas de las experiencias de trabajo que acumula hoy la mayor organización de masas del país, en el frente de combate contra el incremento desmedido de precios.

«Nuestro apoyo contra los precios excesivos ya comenzó hace algún tiempo, específicamente desde el incremento salarial del sector presupuestado, y ahora se intensifica con la Tarea Ordenamiento. Hemos creado un sistema de trabajo, de conjunto con otros factores del barrio, para el diálogo en las comunidades, para actuar en espacios que sabemos que son proclives a este tipo de conductas, dígase, por ejemplo, los mercados agropecuarios», argumenta.

«Formamos parte de los grupos creados para la implementación del ordenamiento y, lógicamente, tenemos representantes en cada consejo popular. Hemos pedido el apoyo, tanto para alertar sobre las violaciones en el sector estatal, como en el privado, y con los vendedores ilegales que muchas veces acaparan productos, para luego venderlos a precios excesivos», señaló la Coordinadora.

Sin embargo, también considera que instituciones y pueblo deben estar a la par en las acciones para frenar a los especuladores. «Yo creo que falta entendimiento todavía de nuestros cederistas, de nuestras federadas, del pueblo en general, que no pueden asimilar que se les venda un producto a un precio exagerado, que deben denunciar, para que se tomen las medidas pertinentes. Ese mercado abusivo se mantiene, entre otros elementos, porque encuentra un receptor, entonces, aunque se hacen denuncias, todavía son insuficientes para parar el flagelo».

UNA VERDAD IRREFUTABLE

No hay duda alguna de que la Tarea Ordenamiento no es solo un proceso imprescindible para que reaccione nuestra economía, se deshaga de lastres que frenan su desarrollo y consolide el papel que, dentro de ella, desempeñan los diferentes actores. El ordenamiento es también la vía para lograr la que siempre ha sido y será meta cimera de nuestra obra social: responder a las expectativas y necesidades de bienestar del pueblo cubano.

La situación del incremento excesivo de precios empaña esas metas, y ha generado, incluso, incomprensiones. Hagamos como pueblo entonces lo que nos ofrece el mejor de los resultados. Unámonos a las instituciones del Estado, para no solo exigir nuestros derechos, sino ser protagonistas en su defensa diaria.   Artículo tomado del periódico Granma Digital.