Departamento de Estado pone de urgencia nuevos millones de dólares para programas subversivos contra Cuba.
¿Cómo son gestados, asesorados y posicionados los programas del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba? Las respuestas como las maneras de concretarlos pueden ser múltiples; no obstante, un nuevo aviso sobre la oportunidad de subversión en la Isla emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de EE.UU. hace un esbozo metodológicamente preciso.
Según el reciente anuncio de la Administración estadounidense, las autoridades cubanas se han “aprovechado de la pandemia del coronavirus para incrementar la represión y el acoso a periodistas independientes y activistas de la sociedad civil”.
De ahí la imponente necesidad de promover programas que impulsen “los derechos civiles, políticos, religiosos y laborales en Cuba”.
El financiamiento no será el problema. Cada proyecto podrá contar hasta con un millón de dólares. La mayor preocupación del Departamento de Estado es que las propuestas sean capaces de “fortalecer la acción de grupos independientes de la sociedad civil en Cuba para promover los derechos civiles y políticos en la Isla y aumentar la rendición de cuentas de funcionarios cubanos por violaciones de derechos humanos y corrupción”.
Las proposiciones “deben ofrecer un enfoque vinculado a los problemas socioeconómicos y políticos que más importan a los ciudadanos cubanos”, también “deben esbozar una visión específica para contribuir al cambio reconociendo los obstáculos que deberían superarse, incluida la actual pandemia de coronavirus”.
El periodista Trace Eaton destacó en Cuba Money Project cómo la solicitud del Departamento de Estado se publicó el 24 de noviembre a medida que crecía el interés en el Movimiento San Isidro, particularmente en Cuba.
“El momento del anuncio del Departamento de Estado puede ser una coincidencia, pero me pregunto si los funcionarios estadounidenses están buscando formas de capitalizar el furor por el Movimiento de San Isidro”, escribió Eaton.
Para presentar una Declaración de interés por parte de organizaciones no gubernamentales que deseen aplicar planes subversivos en Cuba, el Departamento de Estado norteamericano estableció principios de elegibilidad, por ejemplo, las organizaciones no deben tener fines de lucro, y deben poseer experiencia demostrable en la administración de programas exitosos.
No obstante-señala el propio aviso-puede haber ocasiones en las que una entidad con fines de lucro sea la más adecuada, por el tipo de programa que presenta.
Si algo debe quedarle bien claro a esas organizaciones que “buscan la libertad de la Isla” son las actividades que, normalmente, el Gobierno estadouniense NO considera competitivas, entre ellas se incluyen las siguientes:
La provisión de grandes cantidades de asistencia humanitaria; Instrucción del idioma inglés; Desarrollo de software y / o hardware informático o de comunicaciones de alta tecnología; Investigación, intercambios o becas puramente académicas; Intercambios externos o becas de más de tres meses; Actividades fuera de la isla que no están claramente vinculadas a las iniciativas y el impacto del país o no son necesarias por motivos de seguridad; Exploraciones teóricas de cuestiones de derechos humanos o democracia, incluidos proyectos dirigidos principalmente a la investigación y evaluación para su publicación que no incorporan capacitación o desarrollo de capacidades para la sociedad civil local; Actividades que van más allá de la competencia demostrada de una organización, o no brindan evidencia clara de que las actividades lograrán el impacto declarado; Iniciativas dirigidas únicamente a una comunidad de la diáspora en lugar de a los residentes actuales de Cuba; Actividades que son una duplicación de otros proyectos financiados por el Gobierno de los Estados Unidos en Cuba. La Oficina de Gestión de Adquisiciones del Departamento determinará la elegibilidad técnica para todas las presentaciones.
Finalmente, se imponen los criterios de revisión, pues aquellos programas que muestren originalidad y precisión para “promover los derechos humanos y la democracia” y que “conduzcan a reformas sostenibles a largo plazo”, tendrán mayores probabilidades de ser seleccionados para su financiamiento y puesta en práctica.