Un anuncio justo y apreciado, aunque incompleto
A la hora de «recoger los bates», el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió cumplir con algunas de sus promesas de campaña con relación a Cuba. Pudo, durante su mandato, –para seguir con el argot beisbolero–, «sacar la pelota del parque» y hacer historia, pero no lo hizo.
Sin duda, el anuncio realizado por la Casa Blanca, aunque muy limitado en su alcance, fue bien recibido por el pueblo cubano y por millones de personas en el mundo, incluso dentro de EE. UU., que han repudiado durante años la barbarie del bloqueo contra Cuba.
En concreto, el anuncio de Washington incluye tres aspectos:
- Excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.
- Hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se puedan tomar acciones, en tribunales estadounidenses, ante demandas judiciales presentadas al amparo del Título iii de la ley Helms-Burton.
- Eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido impacto en terceros países.
Efectivamente, esta decisión, dictada por la Oficina Oval, pone fin a medidas coercitivas específicas que, junto a muchas otras, causan un grave daño a la población, tienen alcance extraterritorial, y son violatorias de los derechos humanos de todos los cubanos.
Solo por citar algunos ejemplos, continúa la persecución «corsaria» contra los suministros de combustible y los buques mercantes que atraquen en Cuba, se mantiene la asechanza de los acuerdos legítimos de cooperación médica internacional con otros países, se castigan las transacciones financieras internacionales, y un largo etcétera.
El archipiélago cubano sigue siendo un destino prohibido para los ciudadanos estadounidenses, y las empresas y entidades subsidiarias de una corporación de ese país tienen negado comerciar con Cuba, salvo contadas excepciones muy reguladas.
Además, continúa el acoso, la intimidación y las amenazas contra el nacional de cualquier nación que se proponga comerciar, invertir o simplemente hacer turismo en la Isla.
Debemos recordar, viajando un poco en el tiempo, el discurso realizado en mayo de 2002, por el entonces subsecretario de Estado de EE. UU., John Bolton, que sirvió al Gobierno de George W. Bush para fabricar, de forma falaz, una relación simbólica entre el terrorismo y Cuba.
Se pretendió vincularnos con los sucesos violentos del 11 de septiembre. Desde entonces, las sucesivas administraciones estadounidenses han utilizado la inclusión de Cuba entre los patrocinadores del infame flagelo como una herramienta de presión, con un definido carácter político.
No fue hasta el año 2015 que la administración de Barack Obama retiró a la Mayor de las Antillas de esa lista; sin embargo, en el ocaso de la presidencia de Donald Trump, el 12 de enero de 2021, también justo a «la hora de recoger los bates», Cuba volvió a ser designada como país patrocinador del terrorismo.
Nada justificaba la permanencia de la Isla en el fementido listado. La Habana es signataria de 19 convenios internacionales relacionados con el enfrentamiento al terrorismo, y honra los compromisos asumidos en esta materia, una responsabilidad que elevó a rango constitucional en 2019.
Cercados económicamente, calumniados y agredidos de las más diversas formas, durante más de 60 años, ser firmes ha sido la única garantía para los cubanos, a fin de sobrevivir a la amenaza de la mayor potencia del mundo.
En tanto, siempre Cuba ha mantenido su disposición a un diálogo en el que se respeten las diferencias, con base en las leyes internacionales para la convivencia pacífica entre las naciones, sin admitir la más mínima exigencia que lacere su independencia y su soberanía.
La incertidumbre pesa sobre estas disposiciones, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad, considerando que el presidente entrante, Donald Trump, ha prometido una política más dura hacia el Gobierno cubano.
Del otro lado de la balanza, en cualquier decisión contrapesa la resistencia de la Isla rebelde, la militante solidaridad internacional, la aceptación mundial al anuncio de Biden y el repudio creciente en EE. UU. a la guerra económica contra Cuba.
JUSTAS, PERO NO REVUELTAS
En un día cargado de acontecimientos, y en línea con lo que puede considerarse una tradición del país en esta materia, el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, confirmó el martes que el Gobierno cubano tomó «la decisión unilateral y soberana de otorgar la libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos».
Esta decisión no tiene nada que ver con el anuncio realizado, en igual fecha, por el presidente saliente de EE. UU., Joe Biden. Tal cual se afirma en los primeros párrafos, forma parte de las relaciones estrechas y fluidas con el Papa Francisco, en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025 declarado por Su Santidad, y que recién comienza.
Las personas beneficiadas con la medida fueron sancionadas en debido proceso, por delitos diversos contemplados en las leyes, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
No se trata de una amnistía, ni siquiera de una medida tomada para beneficiar a un grupo específico, como la campaña de descrédito que desde Miami se pretende hacer notar. Algunos obtendrán la libertad condicional o un cambio de medida, entre otros elementos que contemplan las leyes cubanas, en dependencia de las condiciones de cada cual.
En el texto se precisa que el Presidente Díaz-Canel comunicó el dictamen al Sumo Pontífice, en una misiva remitida a la Santa Sede en los primeros días de enero, y se argumentó que «las liberaciones se llevan a cabo sobre la base de un análisis cuidadoso, a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación, y como parte de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba.
«Mantenemos con el Vaticano y el Sumo Pontífice una relación respetuosa, franca y constructiva, lo que facilita decisiones como la recién tomada, dentro de los requisitos que establece la legislación vigente, el sentido humanitario del sistema de justicia cubano y el cumplimiento de las obligaciones con el orden interior y la seguridad ciudadana», completó la Declaración.