Trabajan en actualización de normas jurídicas para los actores económicos
A dos años de la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), Cuba trabaja en un proceso de revisión y actualización de las normas jurídicas que rigen su funcionamiento, señaló este viernes el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, al clausurar el III Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial, que durante tres días sesionó en La Habana.
En el Palacio de Convenciones y ante más de 470 asesores jurídicos, consultores y abogados, entre otros profesionales del sector, cuyo “actuar influye prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad”, el jefe de Gobierno significó que ello está en correspondencia con lo que establecieron las propias normas jurídicas, y en ese encargo labora un grupo de trabajo multidisciplinario.
“Para nada habrá un paso atrás con esa decisión, existe un consenso en avanzar a partir del incremento de los actores económicos en el país. Pero en este proceso de actualización siempre habrá distorsiones que arreglar y conducir”, dijo Marrero Cruz, quien aludió a algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el nivel de aprobación de las mipymes y los términos de tiempo en que se realiza.
Añadió que también se trabaja en la actualización de la lista de las actividades prohibidas para todos los actores económicos y se estudia la creación de dos instituciones: una para atender los actores económicos no estatales y otra para la empresa estatal socialista. “Estamos convencidos que será para bien de todos; y eso lleva, por supuesto, una gran participación de ustedes por la responsabilidad en la implementación y control de las normas”, afirmó.
Precisamente, el asesoramiento jurídico a los nuevos actores económicos es uno de los grandes retos que existen en el país, al decir del jefe de Gobierno, quien ratificó que “si algo siempre vamos a defender es lo que expresamente está en la Constitución de la República: que el ente principal de nuestra economía es y será la empresa estatal socialista”.
En otro momento de su intervención, se refirió a otros desafíos como el asesoramiento a los Gobiernos municipales y provinciales, en el perfeccionamiento de los proyectos locales, de la contratación económica, la inversión extranjera, la administración pública, así como los servicios legales a las sociedades mercantiles.
Por eso, dijo, los asesores jurídicos deben estar bien preparados profesionalmente y actuar con ética. “Reconocerles su protagonismo, participación y apoyo a los procesos de perfeccionamiento de nuestra sociedad, en lo que estamos comprometidos todos. El papel de ustedes en estos momentos complejos es clave”, destacó.
El jefe de Gobierno llamó a los participantes en el Simposio a continuar trabajando en la informatización de la actividad jurídica para lograr agilidad, transparencia, control y reducción de los trámites de la población. Además, valoró de positivo realizar estos encuentros, resaltó la calidad y diversidad de temas tratados en él y convocó a “socializar todo lo abordado durante estas jornadas”.
Posteriormente, el primer ministro sostuvo un encuentro con Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, quien cumplimenta una agenda de trabajo con el Ministerio de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de nuestro país.
Durante el intercambio, se refirió a cómo en el país se labora para garantizar la transformación digital del Registro del Estado Civil, el de la Propiedad de Inmuebles, el Mercantil y la Actividad Notarial”, apuntó. Además, ratificó el interés de trabajar de conjunto en la cooperación técnica para el desarrollo de softwares y aplicaciones informáticas.
Por su parte, Santiago Ollero reconoció la voluntad política para impulsar la gestión de las instituciones que prestan servicios legales y la preparación de los profesionales del sector.
Tanto en este intercambio como en el III Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial, estuvieron también Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, y Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.