Para la ejecución de las sanciones penales ya está aprobada una ley moderna
Dentro de la reforma procesal y judicial en la que está inmerso el país, las transformaciones desde lo penal son decisivas, como resultó de la discusión y aprobación por los diputados de la Ley de Ejecución Penal, normativa que regulará y modernizará la aplicación de este tipo de sentencias.
Con la presentación del documento a los parlamentarios, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, fundamentó que esta ley se propone concentrar y sistematizar los procederes que para esta materia aparecen regulados de manera dispersa, y fijar con precisión los derechos, deberes y garantías que corresponden a imputados, acusados, así como a las víctimas de los delitos.
Señaló la participación intersectorial en la elaboración de esta normativa, así como que se examinaron propuestas y recomendaciones de la academia científica, y de los jueces y fiscales que intervienen en los procesos y activos de la Policía Nacional Revolucionaria, entre otros.
Como resultado de las consultas especializadas, especificó, participaron 1 347 personas y se recibieron 333 propuestas, de las cuales se aceptó el 56, 2 %.
Entre sus aspectos novedosos, ejemplificó Remigio Ferro, están que la Ley precisa los principios, derechos, deberes y garantías que rigen para el cumplimiento de la medida cautelar de prisión provisional, las sanciones penales y las medidas de seguridad posdelictivas.
De la misma forma, se establece para los sancionados la garantía de acceso a la justicia en caso de inconformidad con el tratamiento disciplinario o por violación de sus derechos durante el cumplimiento de la sanción.
También reconoce los derechos esenciales de las personas privadas de libertad, como acceso al trabajo y al estudio, visitas de familiares, consulares y de parejas de hecho, u otras personas afectivas.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, explicó en el dictamen la importancia de la normativa, pues un sistema penal, para que cumpla su cometido de formalización del control social, no basta que el Código seaadecuado, sino que se requieren, además, magistrados y jueces competentes que sepan aplicarlo, y una ejecución efectiva de las sanciones penales, dentro de una administración penitenciaria eficiente.
Al propio tiempo, agregó, establece, en razón al tipo de sanción que trate, los procedimientos para su ejecución, se destacan las condiciones básicas de salud exigibles para las personas internadas en establecimientos penitenciarios, los derechos y beneficios que les corresponden a estas, el acceso al empleo y el régimen disciplinario a que se encuentran sujetas.
Fueron oportunas en el análisis las consideraciones del diputado Jorge González Pérez, por el municipio habanero de San Miguel del Padrón, quien recordó que la Ley no significa solo las garantías para el sancionado, sino también para su familia, y para las víctimas, por supuesto.
En segundo lugar, propuso sustituciones de algunos términos en el contenido de la Ley, para que sea coherente con lo discutido y aprobado en la jornada, referido al Código Penal.