Recientemente, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, correspondiente a la X Legislatura, se dio a conocer, en la voz del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, una serie de medidas destinadas a corregir las distorsiones que han venido afectando la economía cubana.
De inmediato, se desató alrededor de ellas una campaña difamatoria, con el fin de desfigurar los objetivos que persiguen y ponerlas al nivel de los conocidos paquetes neoliberales. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
La apuesta cubana, aun en las situaciones más difíciles, sigue siendo por la justicia social, y, para ello, resulta imprescindible encauzar lo que ha perdido su cauce, si de economía socialista se trata.
¿QUÉ RESPALDA ESTAS DECISIONES?
Salir adelante es la esencia de la línea de acción que seguirá el Gobierno para enfrentar las complejidades, reimpulsar la economía y corregir las distorsiones que están presentes en el país, afirmó, en el programa televisivo Mesa Redonda, el vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
Las distorsiones, aclaró, han sido detectadas a partir del trabajo que ha realizado el Gobierno y las evaluaciones hechas a lo interno sobre el funcionamiento de las instituciones y de la economía.
Una parte considerable de ellas, añadió, están dadas por el complejo escenario de tensión en que se han ido tomando para enfrentar las complejidades de la economía. También han sido señaladas en debates con los académicos y expresadas a través de opiniones de la población.
De lo expresado por el pueblo al referirse a la canasta familiar normada, puntualizó que existe preocupación porque se mantienen los subsidios a todas las personas por igual; sin embargo, no todas tienen la misma capacidad adquisitiva.
Esto, aclaró, se debe revisar, porque esa pretensión de mantener el aseguramiento de productos a precios muy subsidiados en la actualidad no es una distribución equitativa. «Sobre todo, por el altísimo costo que tiene para el país mantener la canasta familiar normada, cuya importación supone más de 1 600 millones de dólares, 700 millones más que en 2019, por el incremento de los precios» en el mercado internacional.
Otra distorsión está en los precios de los combustibles «¿Puede este país mantener esos precios, que probablemente sean los más bajos del mundo en comparación con los de otros países, y también cuando se los compara con los de las divisas en el mercado informal cubano?».
Al respecto, precisó que el tema se analizará por el impacto que tiene en la escasez de combustibles que enfrenta el país, y lo que le cuesta mantener un nivel de oferta que, evidentemente, no puede venderse subsidiado.
Uno de los principales problemas que tiene la economía, aclaró, es que lo que vende no cubre los costos para reaprovisionarse. «Si usted compra combustible y lo vende más barato de lo que le costó, ¿cómo compra el barco que viene atrás?».
Se trata, dijo, de combustible que se compra con divisas en el mercado externo, se vende a precio bajo en moneda nacional, «y no tenemos todavía un mecanismo interno de convertibilidad que asegure que, con esos pesos cubanos, se puedan comprar dólares y volver a importar el combustible».
En las discusiones conceptuales y prácticas sobre las medidas –dijo–, hay que dejar claro que nada tiene un costo cero.
«Es similar con la electricidad, razón por la que se debe incentivar el ahorro con determinadas medidas, porque cuando hay un consumo que supera una determinada cuantía (lo hemos fijado en los 500 kWh/mes), quienes más consumen también generan determinada afectación para quienes menos consumen, pues cuando hay que poner el apagón es para todo el mundo. El apagón no discrimina quién es el mayor y el menor consumidor», afirmó.
Tras reiterar que las medidas no tienen un fin recaudatorio, sino que buscan crear condiciones más favorables para estimular el ahorro necesario para la economía, recordó que la tarifa de electricidad está subsidiada para los bajos consumidores y para quienes tienen consumos más elevados, con el alto costo en divisas que implica la generación de energía, imposible de recuperar con la venta de energía interna en el país. «¿Hasta dónde es sostenible eso? ¿Quién lo paga? Al final la respuesta es que lo pagamos todos».
Las medidas a tomar, esclareció, no constituyen un paquetazo neoliberal, como han pretendido divulgar nuestros adversarios, sino que van dirigidas a corregir las distorsiones detectadas, para así crear condiciones que marquen una tendencia más acelerada en la economía, dar mayor protección social a las familias y personas en situación de vulnerabilidad, asegurar una distribución más justa y equitativa de la riqueza que se cree, y a la vez recuperar equilibrios macroeconómicos no logrados por la situación que atraviesa la economía nacional.
UNA POLÍTICA FISCAL QUE SE ALZA SOBRE BASES DE JUSTICIA
Varias de las medidas anunciadas por el Premier cubano responden también al ámbito tributario en sus diferentes acepciones; lo que, no obstante, nada tiene que ver con un fin meramente recaudatorio.
Así lo dejó claro Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, al intervenir en la Mesa Redonda.
«El hecho de que en las condiciones actuales crezca el gasto fiscal destinado a respaldar sectores y políticas que son conquistas de la Revolución, muestra el compromiso histórico de generar y hacer para nuestro pueblo», dijo.
Señaló que, en el presupuesto aprobado para 2024, hay ligeros incrementos para respaldar niveles de actividad en sectores básicos, pero para hacerlo, apuntó, hay que implementar mecanismos de control financiero, y en ellos se expresan los tributos, y los aranceles, que no son más que los tributos del impuesto aduanero, y «que no solo actúan como fuentes de recaudación, sino como medios para incentivar determinadas actividades y procesos productivos».
Entre las medidas anunciadas se encuentra, precisamente, la suspensión de las exenciones que fueron aprobadas con la constitución de los nuevos actores económicos.
«Es un sector que ha crecido y ha demostrado capacidad económica y contributiva, y ha estado limitado su acercamiento a este aspecto, precisamente por su tratamiento de exención».
Por ello, a partir del 1ro. de enero, quedan suspendidos esos beneficios que, a decir de Regueiro Ale, cumplieron el objetivo para el que se concibieron y, por ende, estos actores comienzan a tributar bajo las mismas reglas que el resto de los actores de la economía. En el caso específico de las mipymes, tributarán por la generalidad de su actividad comercial. «Eso va a favorecer el incremento de los ingresos para soportar, a su vez, el crecimiento de los gastos del Estado», destacó.
Otra de las adecuaciones que se pondrán en marcha a partir del 1ro. de enero va dirigida al incentivo que se realiza a través del impuesto aduanero o arancel, con el fin de estimular la importación de bienes intermedios, insumos y materias primas que propicien el desarrollo del sector productivo de la economía.
Sin embargo, lo que ha predominado es la importación de productos terminados. Por tanto, explicó el titular de Finanzas y Precios, el incentivo consiste en una reducción del 50 % del arancel para insumos y materias primas, mientras que, por otra parte, se incrementan los aranceles a productos terminados que tienen similares en la producción nacional.
Destacó que esta es una regulación general para todos los actores que importan. En ese caso, señaló que se reconocerá también en el pago de los aranceles la tasa de cambio de uno por 120, establecida para los actores no estatales.
Señaló que se ha tomado la decisión de prorrogar los beneficios arancelarios que favorecen la importación, por parte de pasajeros, de mercancías como alimentos, medicamentos o aseo.
Sobre los precios, dijo que se debe seguir trabajando en la implementación de la Resolución 148 para la elaboración de las fichas de costo, y que se implementarán otras resoluciones de mayor alcance; pero recordó que la solución está, sobre todo, en el incremento de la producción para generar mayores ofertas.
NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA NUEVOS INCREMENTOS DE PRECIOS
Al cierre de la Mesa Redonda, Gil Fernández apuntó que las medidas serán implementadas con gradualidad, y que solo entrarán en vigor, el 1ro. de enero, las explicadas por el Ministro de Finanzas y Precios, y las que benefician a los sectores de Educación y la Salud.
«Ninguna de las anunciadas en relación a aumentos de precios comienza el 1ro. de enero, por lo tanto, no hay justificación alguna para el incremento», señaló.
Dijo, que, de modo general, ha habido comprensión de las medidas por parte del pueblo, y reconoció que su efecto no será inmediato, pero es el camino correcto.
«De esta situación se sale trabajando, produciendo, haciendo un uso más eficiente de las divisas. Necesitamos más unidad, y que nuestro pueblo comprenda que todo lo que hacemos es en busca de su beneficio», concluyó.