La exclusión de la lista terrorista no es más que el reconocimiento de la verdad

«Seria, importante y en la dirección correcta, aunque muy limitada y tardía». De esa manera se refirió, ayer, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a las medidas dadas a conocer el pasado martes por el Gobierno de Estados Unidos, que excluyen a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo; indican la suspensión del derecho a iniciar una acción en virtud del Título iii de la Ley Helms-Burton de 1996, y eliminan la lista de entidades cubanas restringidas con las cuales los ciudadanos e instituciones estadounidenses tienen prohibido transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países.

Al responder por qué ahora estas disposiciones, el Canciller aseguró ante la prensa que «la administración estadounidense ha tomado estas decisiones porque su plan ha fracasado, porque la visión de provocar el colapso de la economía cubana, la explosión social (…), sigue sin poder alcanzar sus objetivos».

Subrayó que las medidas constituyen el reconocimiento de que la suya contra Cuba es una política obsoleta, fallida, que no tributa a los objetivos ni a los intereses nacionales de ee. uu., ni tiene el apoyo de los ciudadanos estadounidenses, ni de los cubanos residentes en ese país; que provoca un aislamiento mundial, un descrédito a su política exterior, que dañan instrumentos que, supuestamente, el Gobierno de Estados Unidos necesita para hacer cumplir determinados objetivos de su agenda internacional.

«Lo que habría que preguntar al Gobierno de Biden es por qué ha esperado hasta este momento para hacer lo que pudo haber hecho desde su elección, porque en su plataforma electoral se comprometía a adoptar cambios significativos en la política de los Estados Unidos», afirmó.

Recalcó que, con esta decisión, ha quedado demolida la lista de países patrocinadores del terrorismo. No existe más, nadie más podrá creer en ella, porque es una confirmación absoluta y tangible de que no tiene fines de enfrentamiento al flagelo del terrorismo, sino que es un mero y vulgar instrumento de coerción política contra Estados soberanos», agregó.

«Si viniera otro presidente y volviera a incluir a Cuba en la lista, habría que preguntarse cuáles son las razones, qué dirían las agencias del gobierno estadounidense de aplicación de la ley, dónde quedaría la credibilidad del Gobierno», cuestionó.

Sobre la posibilidad de que estas decisiones no se sostengan en el tiempo, dijo que «son medidas ejecutivas que podrían revertirse», expresó, aunque enfatizó en que «va a ser difícil explicarlo, si ocurriera».

El Ministro de Relaciones Exteriores refirió haber leído, al respecto, «opiniones de algunos de los que redactaron las medidas anteriores –y que participaron, protagonizaron y provocaron el retroceso en la relación bilateral– señalando que les tomará tiempo y trabajo revertirlas».

En cuanto a la política exterior de cada Estado, puntualizó que «no debería someterse a los vaivenes de los distintos Gobiernos, ni mucho menos a los caprichos de la política doméstica o de las competencias o argucias electorales».

Al abordar la importancia de la exclusión de la Isla de esta lista, argumentó que «ha sido el reconocimiento de la verdad». Insistió en que Cuba nunca debió entrar en esa lista, fundamentalmente por su condición de víctima del terrorismo.

El Canciller dijo que esta medida «carecía de cualquier credibilidad o prestigio a escala internacional», pero sus efectos prácticos, sobre todo en el sector financiero, son extraordinarios.

«Será muy difícil mantener las medidas coercitivas que se derivan de esta lista, y que limitan el acceso a las instituciones y servicios financieros en cualquier país», valoró y recordó las trabas que suponía la inclusión de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo para la importación de insumos de productos de primera necesidad para el pueblo cubano, la prohibición a los ciudadanos europeos y de otros países a utilizar el sistema de autorización electrónica de visas estadounidenses.

Respecto al Título iii de la Ley Helms-Burton, acotó que está destinado a intimidar a terceros países. «Contiene una arbitrariedad y una violación del derecho internacional brutal, que es pretender juzgar en cortes estadounidenses a personas, entidades y compañías de terceros países o cubanos por sus vínculos económicos con la Isla, fuera de la jurisdicción estadounidense o sin ninguna relación con los Estados Unidos».

Opinó que es también el reconocimiento de que lo que se vino haciendo era ilegal y arbitrario, con un gran efecto no solo en el derecho internacional, sino en el flujo de inversión capital hacia Cuba, acceso a la tecnología, al mercado y de amenaza en contra de las soberanías extranjeras.

Sobre la tercera decisión firmada por Biden, el Canciller comentó que es una directiva que le da órdenes a casi todo el Gobierno de Estados Unidos.

«Dentro de ese memorando ha quedado eliminada también una de las atrocidades del bloqueo a Cuba, que es la llamada lista de entidades restringidas, de 2022, que lo mismo afecta a entidades públicas que a servicios del sector privado en nuestro país.

«El paso que corresponde es seguir levantando elementos del bloqueo, dejar a los cubanos vivir en paz. Defenderemos con todo vigor y determinación nuestra independencia y nuestra soberanía frente a cualquier acto de injerencia, de observancia de nuestra Constitución y a la aplicación de nuestras leyes, igual que preservamos la seguridad nacional, el orden interior y la seguridad ciudadana», sentenció.

Destacó la importancia que tiene «considerar que, pase lo que pase con relación a estas medidas en el futuro, son un hecho importante, un acontecimiento que ha recorrido el mundo, y que ha recibido muy amplio apoyo internacional en pocas horas».

Reiteró, además que «el gobierno de Cuba, de manera histórica y persistente, ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos de América sostener un diálogo respetuoso y responsable, sobre las bases de la igualdad, la soberanía y el respeto mutuo, sin injerencia en los asuntos internos de nuestros países».