En este país se trabaja con seriedad, no con oportunismo

Autor: Yamila González Ferrer. Conmemoramos cada 8 de marzo, celebrando las conquistas obtenidas como resultado de nuestras luchas; reflexionando, comprometidas, sobre lo que nos falta por alcanzar y hermanadas con las batallas de las mujeres en las diversas partes del mundo contra un patriarcado capitalista y neoliberal cada vez más creciente. También mucho se opina en las redes sociales. Durante varios días he estado leyendo opiniones de diversa índole que han motivado esta reflexión. Unas, constructivas, desde el reconocimiento de lo que, sin duda, hemos avanzado en todos estos años de Revolución, se enfocan críticamente en nuestros grandes desafíos en materia de igualdad de género y se proyectan en los caminos a seguir desde la actuación conjunta de las instituciones del Estado y del Gobierno y las diversas organizaciones de la sociedad civil cubana. En el caso de Cuba, una de las garantías más importantes en ese camino de lucha por la igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres y las niñas es la defensa de la Revolución y el Socialismo, la sostenibilidad de nuestro proyecto de justicia social. Ninguna ley podrá ser efectiva para todas si no defendemos estas condiciones de posibilidad. Países que cuentan con leyes integrales contra la violencia de género cuentan también con terribles cifras de feminicidios, porque las mujeres son víctimas de violencias estructuradas por el capitalismo. Otras opiniones persisten en atacar la gestión del Estado cubano y sus instituciones bajo la apariencia de constituir activismos «transgresores, y verdaderos», en contraste con una supuesta institucionalidad «inamovible, ciega y sorda al sufrimiento de las mujeres» y con organizaciones como la fmc, a la cual consideran «oficialista y aliada complaciente del Gobierno». Tal parecería que Cuba es un «pozo ciego», donde las mujeres se encuentran desamparadas, sin tener a dónde acudir, donde no existen leyes ni voluntad política de luchar por mayor igualdad y mayores derechos, donde no hay una robusta trayectoria y tradición de lucha en defensa de las mujeres, lidereada por nuestras organizaciones. Todo cuanto se hace pareciera que no es más que por la presión de una sociedad civil, por lo demás restringida a las redes sociales, que «por primera vez tiene voz y defiende las causas justas y olvidadas por el Estado cubano». ¿Qué se pretende al señalar como bandera la inmediata aprobación de una Ley integral contra la violencia de género, sin considerar todo cuanto está haciéndose en este ámbito? ¿A dónde apunta la exigencia de declarar un estado de emergencia en Cuba por violencia de género? ¿Por qué quieren mostrar al mundo una imagen de impunidad, como si las mujeres cubanas estuviésemos desamparadas ante situaciones de violencia? Esta es la idea que quieren promover, por más alejada que esté de la realidad. Pretenden que importemos acríticamente formas de lucha de otros contextos, obviando las condiciones sociohistóricas de nuestro país, nuestra tradición de lucha por los derechos de las mujeres, las estrategias de trabajo que están creadas, que están en curso y en constante perfeccionamiento. Pareciera que solo sucede en Cuba lo que determinadas voces del escenario mediático publican en las redes desde escritorios bastante distantes de una intensa cotidianidad de trabajo. Es una manera de deslegitimar la labor de muchos años en este y otros asuntos concernientes a la igualdad de género. Les mueve el protagonismo, sembrar la desunión y apuestan por desacreditar y destruir este proyecto social para ganarse un espacio «cuando la Revolución se venga abajo». Hablan de ausencia de leyes y de falta de una estrategia institucional. Sin embargo, informo, una vez más, que la iniciativa de proponer una Ley integral sobre violencia basada en género no surgió en 2019, sino mucho antes. Se derivó de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil cubana, la academia y varias instituciones, todas miembros del grupo de prevención y atención de la violencia de género e intrafamiliar, coordinado por la Federación de Mujeres Cubanas. Las instituciones cubanas están de lleno dispuestas y ocupadas en eliminar cada una de las brechas que existen. No es fácil, ni lo será, mucha sensibilización y capacitación quedan por delante; pero están mandatadas para hacerlo y lo harán. Está así concebido en la Constitución de la República de 2019, Ley de leyes (si de leyes se trata), una de las que en el mundo expresamente aborda la violencia de género en todas sus manifestaciones y ámbitos (artículo 43), así como la violencia familiar (artículo 85). Una lectura integral a nuestro texto constitucional ayudaría mucho a despejar ciertas dudas y cuestionamientos: artículos 1,13 d) e) f), del 40 al 48, y del 81 al 89, entre otros. Y claro, los preceptos constitucionales hay que desarrollarlos y en eso se ha estado trabajando desde el propio año 2019. Y se desarrollan a través de otras leyes, decretos-leyes, decretos, decretos presidenciales y toda la gama de disposiciones normativas que se han considerado necesarias. En el día de ayer fue publicado en la Gaceta oficial el Decreto presidencial 198 de 2021 que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cuba. Les invito a leerlo. Es este Programa la evidencia más palpable de lo que es una Estrategia integral e integrada para alcanzar la igualdad de género en Cuba como expresión de la voluntad política para que así sea y contará con la activa participación de los diversos actores de la sociedad cubana para llevarlo adelante. Como toda obra humana es un documento perfectible y sus evaluaciones de efectividad irán mostrando el camino para hacerlo todavía mejor. En el cronograma legislativo correspondiente a esta Legislatura están previstas importantes leyes, que tendrán un impacto trascendental para la prevención y atención de la violencia basada en género, tales como el Código de Procesos (en materia civil, familiar, laboral), la Ley de Procedimiento Penal, el Código Penal y el Código de las familias, por solo citar algunos. Paralelamente se trabaja en las áreas de sensibilización, capacitación, protocolos de atención, sistemas estadísticos, comunicación, cultura jurídica, entre otros. La Ley integral llegará más adelante como parte de este proceso sistemático, profundo y abarcador, y no como resultado de presiones mediáticas. En este país se trabaja con seriedad, no con oportunismo. Artículo tomado del periódico Granma Digital.