En el arsenal de sus agresiones contra Cuba, el Gobierno de EE. UU. ha puesto en práctica un centenar de variables, que incluyen los intentos de presentar la Isla como Estado que promueve el terrorismo, con todas las consecuencias que dimanan de tal acusación.
Desde Ronald Reagan hasta Joe Biden, las sucesivas administraciones estadounidenses han utilizado la inclusión de Cuba en la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, como una herramienta de presión con un definido carácter político.
Sin embargo, tanto por razones históricas como por principios éticos, el Gobierno de nuestro país ha rechazado siempre y condenado con toda energía el terrorismo (flagelo del que ha sido víctima), actitud que contrasta con la postura de Washington, que ha promovido y amparado en su territorio a grupos violentos, autores de actos execrables contra el pueblo cubano.
Cuba exhibe un currículo impecable de colaboración internacional en la lucha contra este tipo de práctica, y ha manifestado siempre la disposición a cooperar con las autoridades estadounidenses, como lo hace con otros países.
Nuestro Estado tiene suscritos los 19 convenios internacionales relacionados con el enfrentamiento a ese flagelo.
Un ejemplo de la postura de la Isla se puso de manifiesto cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001, contra el World Trade Center y otros objetivos dentro de territorio estadounidense.
Nuestro país, en aquellas complejas circunstancias, condenó de inmediato el ataque y expresó su disposición a contribuir, «en la medida de sus modestas posibilidades», con las instituciones de Salud en la atención, el cuidado y la rehabilitación de las víctimas. El Gobierno de la Isla, incluso, autorizó a los aviones en vuelo a utilizar los aeropuertos cubanos.
No era la primera vez que Cuba colaboraba con Estados Unidos para enfrentar actos terroristas. Por citar solo un ejemplo, en el verano de 1984 fue posible abortar un atentado que se preparaba contra el presidente de EE. UU., Ronald Reagan, gracias al aviso oportuno de las autoridades cubanas al Gobierno de ese país.
Cuba continuará honrando los compromisos asumidos en esta materia, una responsabilidad que elevó a rango constitucional en 2019.