Para la Fiscalía General de la República, el periodo comprendido entre 2017 y 2021 se caracterizó por el recrudecimiento del bloqueo económico contra nuestro país; la agresividad anexionista en el vano intento de desencadenar un «golpe suave» y provocar el derrocamiento de la Revolución; el enfrentamiento jurídico penal a diferentes manifestaciones de delitos, indisciplinas sociales e ilegalidades que afectaron la estrategia de recuperación económica trazada, todo ello unido al desafío impuesto por la COVID-19.
Así informó a los diputados Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, en la presentación del informe de rendición de cuenta de esa institución del Estado, en la segunda jornada del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura.
En el periodo analizado, los fiscales realizaron más de 300 000 controles a expedientes de fase preparatoria, fundamentalmente en aquellos con términos superiores a los 60 días, y participaron en la práctica de más de 47 000 diligencias de instrucción, esencialmente en declaraciones de imputados y testigos, reconstrucción de hechos y experimentos de instrucción, entre otras acciones.
Dijo que se brindó atención al uso racional de la medida cautelar de prisión provisional y a su permanencia, impuesta, fundamentalmente, ante conductas y hechos de mayor gravedad; y la solicitud de sanciones se ajustó a la política penal, en correspondencia con la gravedad de los hechos, circunstancias y otros factores.
Se refirió al trabajo realizado desde 2019 para la concepción integradora de un sistema de atención a los ciudadanos, informatizado hasta nivel municipal, como un proceso clave para evaluar las quejas y peticiones de las personas sobre intereses diversos.
UN INCREMENTO EN EL TRABAJO FISCAL
Por otro lado, el informe detalló que entre 2017 y 2021 se registró un incremento de más de 174 534 personas atendidas, respecto a la etapa anterior. Mientras que, en el restablecimiento de la legalidad, los fiscales dictaron 787 resoluciones y, en 12 882 casos, procuraron su solución inmediata, gestionada directamente con los responsables, lo cual significa que en el 16 % de las reclamaciones, las personas tenían razón en sus planteamientos.
Asimismo, expresó Peña Ojeda, los fiscales participaron, en esta etapa, en más de 120 000 juicios.
Acerca de la participación de la Fiscalía en los asuntos jurisdiccionales no penales y en la protección de los menores de edad y de las mujeres, señaló que los fiscales intervinieron en más de 25 000 procesos civiles y de familia.
Como recomendaciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos propuso, entre otras propuestas, incrementar las acciones para incentivar la incorporación de fiscales y su permanencia en las instituciones, redimensionar la intervención del fiscal en el control de la legalidad penal, además de garantizar revertir las insuficiencias que se aprecian en el cargo.