Debaten diputados proyectos de leyes que se someterán a aprobación en el Octavo Periodo Ordinario de sesiones
Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) vuelve a sesionar de manera íntegra y presencial, luego de dos años sin reunirse de esta forma en su sede habitual del Palacio de Convenciones de La Habana, a causa de la situación epidemiológica que ha impuesto la COVID-19.
Gracias al trabajo en el enfrentamiento a la pandemia, un esfuerzo que debemos mantener, con rigor, nos volvemos a reunir todos en este salón, después de haber sesionado por videoconferencia en los últimos encuentros, comentó el presidente del Parlamento y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, ante la presencia también del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.
Como parte del trabajo previo al Octavo Periodo Ordinario de Sesiones, que se desarrollará los días 21 y 22 de diciembre, este sábado, los diputados realizarán un intercambio con los ponentes de los cuatro proyectos de leyes, que posteriormente se llevarán a la aprobación del Parlamento.
Se trata, de la Ley de Tribunales Militares, la del Proceso penal militar, la referida al Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, además del Código de las Familias.
La agenda del día también contempla el lanzamiento de una aplicación móvil que contiene las últimas leyes de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular, además del nuevo sitio web de la ANPP, todo como parte de la conmemoración por el aniversario 45 de los órganos del Poder Popular.
Con la presencia de 504 diputados, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, señaló que estos proyectos de leyes guardan total sintonía con las leyes aprobadas en la sesión anterior de la Asamblea; en tanto, todo el proceso de elaboración, criterios y recomendaciones —emitidos respecto a las normas mencionadas— fue y es válido para los presentes proyectos.
Como parte de las consultas, dijo, se recibieron propuestas tanto de los diputados, como de las estructuras del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y dependencias y oficinas del Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia, además de las universidades, entre otros.
En total, se recibieron 162 criterios nuevos, y fue aceptado el 65 % de las recomendaciones, puntualizó.
PROYECTO DE LEY DE TRIBUNALES MILITARES
Sobre esta propuesta de normativa que, de ser aprobada remplazaría La Ley No. 97 «De los tribunales militares», que data del 21 de diciembre de 2002, se recibieron 28 criterios de los parlamentarios y el 89 % fue incluido para perfeccionar el contenido y cuerpo legal del proyecto, informó Remigio Ferro.
Asimismo, de los organismos y universidades llegaron 29 propuestas y, de ellas, el 76 % fue aceptada, mencionó.
Como resultado de esas consultas, señaló, se adicionaron cuatro artículos. Estamos hablando del Artículo 3, que precisa que los tribunales militares se atienen a las disposiciones del Minfar en las cuestiones de orden militar.
«Por otra parte, los Artículos 90 y 91, definen la democión definitiva y la temporal de los magistrados y jueces profesionales militares; y el Artículo 115, relacionado con los requisitos, las funciones y atribuciones de los secretarios y trabajadores».
Entre los principales cambios al documento, se encuentra la modificación de 23 artículos, algunos con transformaciones sustanciales y otros, en aras de perfeccionar su redacción, comentó.
Por ejemplo, aludió, se sustituye la expresión «instituciones armadas» por «ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior», a tenor con lo dispuesto en nuestra Carta Magna.
PROYECTO DE LEY DEL PROCESO PENAL MILITAR
Sobre este Proyecto de norma jurídica denominado Ley del proceso penal militar, el Presidente del Tribunal Supremo Popular, precisó que la misma se propone, en caso de ser aprobada, reemplazar a la vigente Ley No. 6, del 6 de agosto de 1977, aun en vigor en el país.
Sobre este Proyecto –dijo– se recibieron de los diputados 31 criterios, que contenían 31 propuestas, de las cuales se aceptaron unas 28.
Asimismo, en la consulta con otros organismos se recibieron 72 nuevos criterios con 72 propuestas, de las se aceptaron 29 (40 %) y quedaron improcedentes 43.
A partir de las consideraciones recibidas se realizaron algunos cambios y modificaciones, entre los cuales –según dio a conocer Remigio Ferro– se encuentra la modificación de la parte expositiva del Proyecto para optimizar la calidad de su redacción y la mejor comprensión de su texto, al tiempo que se mejoró la redacción de algunos artículos y la sistemática de la Ley.
Igualmente se modificaron 207 artículos de la Ley, en cuatro de ellos se introdujeron cambios sustanciales y los restantes fueron perfeccionados en su redacción.
Se varió la redacción del artículo 92 sobre la competencia de los tribunales militares, para que abarque otras categorías de efectivos del Ministerio del Interior (militares y combatientes).
También se adicionaron, como causas de incapacidad para actuar como peritos, las siguientes: ser subordinado del imputado, del acusado, tercero civil responsable, de la víctima o del perjudicado; o tener relación de parentesco con alguna de las autoridades actuantes.
En cuanto al sobreseimiento, recogido en el artículo 409, se prevé la posibilidad de la víctima o el perjudicado de establecer recurso contra la decisión de archivar actuaciones.
Por último, se uniforma la redacción de la ley con las leyes No. 140 y 143, «Ley de los tribunales de justicia» y «Ley del proceso penal», en cuanto a denominaciones, plazos y la Disposición Final Tercera.
Abrió el debate sobre el Proyecto Ley del Proceso Penal Militar Idaliena Díaz Casamayor, diputada por el municipio de Guantánamo, quien reconoció que esta propuesta protege los derechos de este sector, y aunque está un poco más distante del funcionamiento de la sociedad civil, responde a lo planteado en la Constitución. Díaz Casamayor se refirió al Artículo 297, apartado tres, relacionado con el registro y expresó su preocupación sobre los casos en los que algún sujeto no esté de acuerdo con este proceso, cómo se procedería a la hora de firmar el acta correspondiente, así como si sería necesario la intervención de una tercera persona.
Al respecto de esta cuestión, Remigio Ferro explicó que la práctica sostenida hasta ahora es que, si la persona que es objeto de esa intervención, no está de acuerdo con el acta de registro lo debe consignar, y de ser posible, reflejar sus razones y estas deberán ser valoradas en su momento por los tribunales.
Por su parte, Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, declaró que a partir de esta falta de consentimiento estaría interviniendo la Fiscalía General. El fiscal a cargo velaría porque esa prueba se realice con la legalidad requerida.
Asimismo, Miguel Charbonet, diputado por Artemisa planteó sus consideraciones respecto de algunos términos empleados en varios Artículos, y realizó varias propuestas, entre ellas, la de considerar el delito de revelación de secretos militares como Causa Única.
Foto: José Manuel Correa
PROYECTO DE LEY DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO Y LA GESTIÓN DEL SUELO
En la sesión de la mañana también se analizó el Proyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo.
Sobre este particular, Diana Rosa Suárez Matías, directora jurídica del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, comenzó explicando que es un proyecto que no tiene antecedentes en el país. Hasta el momento se había regido la actividad por un Decreto-ley que data de 1978.
El proyecto se debatió de manera abierta y se recibieron criterios y propuestas de diputados, la población, las universidades.
En el caso de los organismos y universidades se recibieron 40 criterios, propuestas 38 y aceptadas 42. De la población fueron recibidos 120 criterios, propuestas 105, aceptadas 42, improcedentes 63.
Hubo un amplio debate de la norma. Esto llevó a modificaciones importantes en el proyecto, con prevalencia de los temas de redacción. Esto perfecciona la propuesta.
Con respecto a las modificaciones, se incorporaron los temas de identidad a partir de la salvaguarda de la riqueza patrimonial de la nación, se sintetizó el contenido del segundo Por cuanto, el Por tanto tuvo un pequeño ajuste que se sustituye por Acuerdo.
Tuvo un debate importante la estructura del Proyecto de ley porque no facilitaba la comprensión de la norma.
Quedó un Título uno con Disposiciones generales. En los capítulos tres y cuatro se perfeccionó el título, fueron haciéndose referencias a los diputados y la población que participó.
Los artículos 1 y 2 sufrieron modificaciones. Matías Suárez detalló las modificaciones que se hicieron a los apartados, capítulos y por cuanto, realizadas luego de las consultas con los diputados y la población.
En el Capítulo 3 el Artículo 11 se refiere a los objetivos de la ley, cambia la redacción en algunos aspectos, se incorporan objetivos nuevos, se ordenan de manera que sean coherentes. Se incorpora la disciplina territorial y urbana en función de que se pueda lograr lo que se pretende. A solicitud de la población se incluyó un nuevo principio que es la preservación del patrimonio.
En su intervención Diana Rosa Suárez Matías se detuvo en el Artículo 18, de fuerte debate por los diputados.
Este apartado generó dudas y preguntas porque en la responsabilidad del Consejo de la Administración Municipal está asignar suelos a las personas autorizadas a construir por esfuerzo propio.
Explicó que hay municipios que por restricciones urbanísticas no tienen disponibilidad de suelo para entregar a la población, cuando se traspasaron las funciones del Instituto Nacional de la Vivienda a Planificación Física, una de las funciones traspasada fue la asignación de suelos.
Se emitieron resoluciones complementarias: la 54 y la 55. La 55 es el procedimiento para la asignación de suelos urbanizados. Se previó una protección a la población que reside en los municipios donde no existe disponibilidad de suelo.
Se incluye en el Título II un nuevo artículo porque es importante tener una protección a un grupo de instrumentos que tienen importancia estratégica para el desarrollo del país.
Tras una explicación enjundiosa a los diputados, la Directora Jurídica del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, abordó los cambios ocurridos en las disposiciones finales.
Se incluyeron algunas nuevas, la primera mantiene su redacción, la actual segunda se abre en una segunda y una tercera, la tercera constituye un aspecto novedoso, la cuarta es la actual séptima, la actual tercera pasa a la quinta, la actual cuarta pasa a la sexta, la actual quinta pasa a la séptima y se introduce una nueva disposición final: la octava.
Concluyó su intervención comentando que se ajustó la estructura del proyecto, en los títulos I y II, se modificaron 55 artículos, siete con cambios sustanciales, los restantes fueron perfeccionados en su redacción, y se incorpora un nuevo artículo.
Sobre la normativa, Homero Acosta comentó que parecía ser una ley sencilla pero, a partir del proceso de consulta y análisis con los diputados, así como las opiniones emitidas por la población a través del correo habilitado, se han suscitado varias modificaciones importantes.
Al referirse a la propuesta de ley presentada en esta jornada de trabajo, Lourdes Caballero Garzón, diputada por Santiago de Cuba, señaló la pertinencia o no de ajustar la redacción del Artículo 18, en lo referido al término « aprobar» los instrumentos del plan de ordenamiento territorial, en función de la extensión de las funciones correspondientes.
Al respecto, Diana Rosa Suárez señaló que los territorios, al necesitar un plan parcial para la edificación de las viviendas, siempre se aprobarían el instrumento, lo que este puede estar sujeto a cambios, en aras de enriquecerlo.
Destacó, además, que corresponde a las autoridades provinciales asignar el suelo urbanizado para la construcción por esfuerzo propio, en los casos que le competa y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y las causales específicas que establece la Ley No. 65, «Ley General de la Vivienda».
Sobre este tema, el diputado Reinaldo García Zapata, Gobernador de La Habana, mencionó la necesidad de esa interrelación con los municipios y sus autoridades, para conocer las áreas de desarrollo en cada territorio.
Asimismo, el diputado José Cantero, pidió que se revisara esta cuestión, en aras de que armonice con lo refrendado en la Constitución de la República y la autonomía que se le otorga a los municipios para la gestión de sus recursos, lo que incluye la utilización de los suelos.
Por otra parte, la diputada Belkis María López, por el municipio de Santa Clara, expresó la necesidad de incluir el tema de la recogida de los desechos sólidos dentro de las políticas públicas y las normas que regirán el ordenamiento territorial y urbano.
En tanto, Jennifer Bello Martínez, diputada por Cárdenas, Matanzas, reflexionó sobre cómo se garantiza la participación popular en la formulación de los instrumentos de ordenamiento, y lo necesario de incluir, —además del conocimiento y la colaboración—, la toma de decisiones, por parte de cada uno de los actores que participan en estos procesos.
Con el tema de las construcciones por esfuerzo propio y las intervenciones arquitectónicas interiores, la diputada Mariela Castro Espín destacó la posibilidad de determinar una figura, sin que medien burocratismos, que asuma la función de asegurar que los arreglos internos o edificaciones acometidas, no afecten la carga o estructura de la vivienda, en aras de evitar derrumbes u otras afectaciones de este tipo.
Al concluir, el primer ministro de la República, Manuel Marrero, indicó que, a raíz de las modificaciones y cambios que se han introducido a la propuesta de normativa, el grupo redactor debe reunirse y efectuar una sesión de trabajo, donde también participen otros diputados y funcionarios que dominen el tema de la territorialidad.
Por su parte, Esteban Lazo expresó que esta reunión debe realizarse con premura, en esta misma jornada, para que puedan socializarse sus modificaciones antes de llevarla a la aprobación del Parlamento o, de lo contrario, no incluirla en la sesión ordinaria de la ANPP.
En tal sentido, la vice primera ministra, Inés María Chapmán, resaltó la importancia de la ley, en aras del ordenamiento urbano y territorial, dado que responde a muchos planteamientos e interrogantes de la población.
PROYECTO DE LEY DEL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS
La versión 23 del Proyecto de Ley del Código de las Familias fue presentada ante los legisladores por Oscar Silvera Martínez, diputado y ministro de Justicia, quien resaltó el enriquecimiento que ha tenido la propuesta a partir de las consultas especializadas, los debates e intercambios con la población y los diputados, así como su publicación en noviembre en el sitio web del Parlamento cubano.
Destacó Silvera Martínez que al Proyecto del Código de las Familias lo caracteriza un sello de identidad cubano y latinoamericano, con una visión multidisciplinaria de la protección de las familias y como expresión de la «constitucionalización del Derecho de las familias».
Esta propuesta –que consta en su estructura de 11 títulos y un grupo de disposiciones transitorias y finales– refleja en su normativa, al decir del Ministro de Justicia, la pluralidad y diversidad familiar, la inclusión e igualdad y no discriminación, el afecto como eje central en las relaciones familiares, el carácter educativo y pedagógico, así como el papel del lenguaje simbólico y no neutro.
«Código de sumas y multiplicaciones, de alternativas y opciones», sintetizó Silvera Martínez acerca de la esencia de esta propuesta que será sometida a votación parlamentaria y popular.
Al referirse a las novedades contenidas en algunos de los títulos del Proyecto del Código de las Familias, Yamila González Ferrer, invitada y vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, explicó, en cuanto a las Disposiciones generales, que el ámbito de aplicación incluye las relaciones en cualquiera de sus representaciones y solo en el espacio familiar.
Asimismo, contiene los principios a tener en cuenta como pautas interpretativas para resolver los casos no previstos en la Ley o para el esclarecimiento del sentido de las normas; los derechos garantizados a todas las personas en el espacio familiar y de la infancia y la adolescencia; el rol de las abuelas, los abuelos y otros parientes; los criterios o reglas de interpretación; la especialidad de los asuntos familiares; así como la razonabilidad de las decisiones en materia familiar.
El título referido a la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, destacó, pauta el alcance y las manifestaciones de la violencia basada en género, contra niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores o en situación de discapacidad. Incluye, además, el maltrato físico, verbal, síquico, moral, sexual, económico, patrimonial, la negligencia, ya sea por acción u omisión, directa o indirecta; la participación del equipo multidisciplinario; la responsabilidad por daños derivados de la violencia familiar; y la proyección transversal, resumió.
Sobre el parentesco, González Ferrer puntualizó que se norman las fuentes del mismo, ya sea por filiación o socioefectividad. Por otra parte, respecto a la obligación legal de alimentos, el Código establece que es entre miembros de unión de hecho afectiva, instrumentada o reconocida, y amplía el concepto de alimentos a cuestiones a veces intangibles, pero verificables vinculadas con el afecto, al tiempo que extiende los sujetos obligados a los tíos/sobrinos y a las madres, padres y sus hijos e hijas afines, detalló.
«Asimismo, cesa la obligación cuando el alimentista incurre en algún comportamiento que atenta contra la solidaridad familiar o en alguna manifestación de violencia».
Tener en cuenta además, dijo, que el Proyecto expresa que el consentimiento a los fines de adopción puede ser: entrega en el momento del nacimiento y antes de su inscripción, mediante consentimiento informado, o con los procedimientos que se establezcan a tales efectos en las instituciones correspondientes. «A su vez, esta se hace efectiva transcurridos 180 días, sin que de este acto sea exigible responsabilidad penal alguna».
Sobre el tema de la Filiación asistida, la disposición jurídica que rige esta materia regula los procedimientos para la implementación de dichas técnicas, entre cuales se incluyen la voluntad para procrear expresada a través del consentimiento libre, informado, expreso y previamente emitido ante la institución sanitaria o en escritura pública notarial, aludió. Este proceso, señaló, puede ser revocado en cualquier momento mientras no se haya iniciado el procedimiento, o se haya producido la transferencia embrionaria, y debe renovarse cada vez.
En el Código también se aclara el derecho a conocer que fueron concebidas mediante tales procedimientos, a obtener información de su origen gestacional o genético, o de los datos médicos de la persona dadora de gametos cuando sea relevante para su salud, quedando excluida la identificación, sostuvo la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Acerca de la gestación solidaria comentó que es posible entre personas unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanas. «Para ello, se evalúa el proceder en mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación, de personas que presenten esterilidad, o de hombres solos, o parejas de hombres».
«Por demás, se prohíbe cualquier tipo de remuneración o dádiva, y se requiere la autorización judicial previa al inicio del proceder médico, conforme con los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública que implica la homologación del consentimiento prestado tanto por la o las personas comitentes o como por la futura gestante».
Por su parte, Leonardo Pérez Gallardo, invitado y miembro de la Comisión Redactora del Código de las Familias, se refirió a las relaciones parenterales dentro del Proyecto, el cual contiene al respecto una transformación radical de su clásica concepción, tomando en cuenta que la nomenclatura actual —patria potestad— es contradictoria con su evaluación y contenido, y reconociendo distintas opciones, variantes y modalidades más acordes con su transformación.
Sobre los cuidadores familiares, por otra parte, se norma el reconocimiento y protección a la persona que asume total o parcialmente la responsabilidad de la atención de otra que forma parte de su familia, y que por razón de edad, enfermedad o discapacidad se encuentra en situación de dependencia para realizar sus actividades de la vida diaria o para satisfacer sus necesidades materiales y emocionales.
En el apartado del matrimonio, señaló el también presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de la Familia, de la Unión de Juristas de Cuba, se ratifica el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, al tiempo que se establece el consentimiento matrimonial a los 18 años de edad, la transformación radical del régimen económico, y se refuerza el valor económico del trabajo en el hogar, entre otros aspectos.
Con relación a la unión de hecho afectiva expresó que se reconoce a la unión estable y singular que de hecho forme un proyecto de vida en común, como otra de las formas de organizar la vida en pareja y como hecho fundante de la familia. A su vez, aclara que no se trata de cualquier unión, sino solo aquella notoria, estable, singular, pública, entre dos personas a las que les unen vínculos eróticos-afectivos, incompatible con cualquier otra unión o matrimonio de cualquiera de sus integrantes.
Homero Acosta reconoció la brillantez en la exposición de los ponentes de este proyecto y resaltó que si llegamos aquí, a este análisis, es porque aprobamos, desde nuestra Constitución, una transformación profunda de las instituciones fundamentales del derecho de familia.
Hay varios mitos y conceptos que deben deconstruirse, en primer lugar, entender que este Código no es solo del matrimonio, y que defiende los principios de igualdad, de no discriminación, el respeto a la dignidad humana, y el derecho a fundar una familia, lo cual —insistió—, está además refrendado en la Carta Magna.
Este proyecto no impone modelos o tipos de familia, sino que reconoce la diversidad que existe en nuestra sociedad, subrayó. Estamos ante un Código del cual nos debemos sentir orgullosos, con independencia de cualquier diferencia de criterio, convencidos, además, de que el pueblo va a entender, mayoritariamente, lo que llevaremos a aprobación al Parlamento, comentó. Aquí están reflejadas, destacó, las ideas de Fidel, de Vilma, de Raúl.
El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el análisis del Proyecto de Ley del Código de las Familias comentó que en estos días se ha transitado por consultas especializadas y cuando tenemos profesionales tan capaces de llevar a un texto de una ley la realidad del país y darle una robustez, uno se siente orgulloso de ser cubano y de tener compatriotas como ustedes.
La diputada Mariucha Lenzano Pascual, por Santiago de Cuba, puso en reflexión si aquel hijo, que se le suspende la obligación de brindar alimento a su padre, porque este, en vida, nunca lo atendió y no cumplió con sus responsabilidades parentales, tiene derecho o no a gozar de los bienes que ese padre deja al fallecer.
Al respecto, el profesor Leonardo Pérez Gallardo comentó que la decisión del Tribunal no es debido a una negativa injustificada y que la causa de no brindar alimentación, no es por el imputado, sino por la actitud del padre en vida, así que también puede recibir los beneficios de la herencia. La inquietud, no obstante, será tomada en cuenta por el grupo redactor.
Oscar Silveira Martínez, sobre el artículo 69, planteó que en el camino del perfeccionamiento de la Ley de registro del estado civil es una conquista de la Revolución que se garantiza la inscripción de los niños y que el proceso está en perfeccionamiento en el proceso de constituir una inscripción de nacimiento de calidad.
Esa construcción nos lleva a adelantar el proceso del registrador por la madre para que los datos que se consignan sean positivos. El artículo 69 va a preservar el derecho del padre a reclamar la filiación ante cualquier irregularidad en el proceso de inscripción.
Sobre los procesos de adopción, la diputada Mariucha Lenzano también preguntó sobre el derecho de los abuelos a adoptar al nieto ante el fallecimiento de los progenitores, así como la posibilidad que tienen de hacerlo los hermanos.
Al respecto, González Ferrer, señaló que el Código admite la adopción entre parientes, pero tiene entre sus limitantes la adopción entre los familiares en línea recta, lo que incluye a los abuelos; no obstante, si pueden solicitar la tutela del menor.
Por su parte, la diputada Carla Santana Rodríguez, comentó que al ser este un Código que se sustenta en los afectos, se valore la posibilidad de introducir en los pactos del divorcio, la responsabilidad sobre el cuidado del animal doméstico.
Gerardo Hernández Nordelo brevemente expreso la aprobación al Proyecto, la admiración por todo lo que se ha avanzado, e hizo mención a la ironía de que, mientras en algunos países del mundo algunas personas continúan revolviendo la burbuja de la Cuba virtual, continúan denigrando y atacado, en la Cuba real los cubanos continúan avanzando con paso firme hacia el futuro y estamos próximos a lograr un Código de las familias que estará entre los más avanzados del mundo, que enaltece la dignidad humana como valor supremo y que nos acercara al sueño martiano de una Cuba con todos y para el bien de todos.
Por su parte, el diputado Miguel Barnet aseguró que esta es una Revolución de verdad, no una caricatura, ni un tinglado de cartón y piedra, es una Revolución que vive al pálpito de la modernidad. No apoyar este Código, resaltó, sería quedarnos rezagados respecto a la vanguardia de las ideas más avanzadas. «Es un código moderno, que se basa en los más puros sentimientos y derechos civiles».
La Revolución no es una falacia, siempre ha sido autentica y renovadora, y no suscribir este Código sería darle la espalda al futuro; en tanto, apoyarlo es ser fiel al principio de Fidel de que en una Revolución verdadera, había que cambiar todo lo que debía ser cambiado, comentó.
El amor no tiene sexo y el afecto tampoco tiene que ver con la sangre, expresó. Nada de ello, dijo convencido, garantiza la convivencia entre los humanos, solo lo puede el amor y eso es lo que está representado en este Código de las Familias cubanas.
Yailin Orta Rivera, diputada por la Isla de la Juventud, destacó, por otra parte, que hemos asistido a un diagnóstico profundo de la sociedad cubana con este Código, reconociendo a esa familia cubana en tránsito hacia nuevas configuraciones, que superan los vínculos sanguíneos, habitacionales, y van hacia los afectos. Confío, refirió, en la sabiduría popular y en la sensibilidad del pueblo, para aprobarlo, y ser capaces de superar prejuicios, individuales, sobre todo, en aras de defender la felicidad colectiva.
Raúl Palmero Fernández expresó que estamos ante una de las normas de mayor contenido ético. Habló sobre determinados mitos que se han estado imponiendo en redes sociales sobre el Código de las familias y que es importante saber por el pueblo hasta qué punto esos mitos son ciertos.
No estamos hablando del código del matrimonio y las uniones de hecho, agregó, es un código que incluye muchos contenidos: el derecho de la juventud, los ancianos, las herencias y temas de alta sensibilidad. Tampoco es cierto que la mayoría de la población en sus criterios estuvo en contra de los derechos de la comunidad LGBTI, se refirió a los resultados de las consultas referenciadas en el ministerio de justicia.
Dijo que no se hace esto como un mero ejercicio legislativo y que para una norma de tal importancia someterla a consulta le da mayor legitimidad. Aclaró que la Asamblea Nacional decidió trasladar la instrumentación de estos derechos a un Código de las familias. En el momento que la Asamblea tomo esa decisión ya existía un derecho de participación. Recordó que el tema del matrimonio fue de los más debatidos. Por último, transmitió su confianza en la aprobación de esta propuesta por parte de los jóvenes.
Se trata de un Código que protege y defiende a las mujeres, que lucha contra la violencia de género e intrafamiliar, insistió la miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué, quien agregó que esto se ha logrado bajo la base de un diagnóstico de brechas de género que todavía tenemos en nuestra sociedad.
Foto: José Manuel Correa
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Nueva sesión de la Asamblea Nacional: ¿qué temas definen la agenda de trabajo?
Luego de dos años sin reunirse íntegra y presencialmente, debido a la situación epidemiológica del país, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) vuelve a sesionar con una agenda variada e intensa, en su sede habitual, del Palacio de Convenciones de La Habana.
Homero Acosta Álvarez, secretario de la ANPP, explicó este miércoles a la prensa que, previo al próximo día 21, cuando inicia oficialmente el Octavo Periodo de Sesiones en su IX legislatura, los diputados tendrán varias jornadas de trabajo desde las comisiones permanentes.
El día 18 se realizará un intercambio con los ponentes de los cuatro proyectos de leyes que serán analizados en el periodo de sesiones: la Ley de Tribunales Militares, la del Proceso penal militar, la referida al Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, además del Código de las Familias.
Esa misma jornada, informó, se lanzará una aplicación móvil que contiene las últimas leyes de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular, además del nuevo sitio web de la ANPP, todo como parte de la conmemoración por el aniversario 45 de los órganos del Poder Popular.
El segundo día, continuó Acosta Álvarez, se reunirán las comisiones permanentes de trabajo con un programa amplio, que incluye, como tema común, sesiones dedicadas al Proyecto de Ley del Presupuesto del Estado y los objetivos del Plan de la Economía 2021, así como las perspectivas para 2022.
También se encuentra en la agenda de algunas comisiones el proceso de control e implementación de normas jurídicas aprobadas por el Parlamento, como la Ley de aguas terrestres, la de Pesca, y la de los Símbolos Nacionales y el Decreto-Ley del servicio postal, entre otros.
En correspondencia con su comisión, los parlamentarios discutirán sobre el perfeccionamiento del Poder Popular, el avance del programa materno-infantil y asuntos sobre el deporte, ejemplificó Acosta Álvarez.
Otras, subrayó, elaborarán de conjunto los dictámenes de los proyectos de leyes que serán sometidos a aprobación de la Asamblea.
El día siguiente, acotó, está destinado a informar a los diputados sobre asuntos de mucho interés, como la marcha de la inversión extranjera y la cooperación internacional, la situación del perfeccionamiento del sistema del comercio interior, además del cumplimiento de las 63 medidas para dinamizar las producciones agropecuarias.
El periodo de sesiones, el día 21 abre con los temas económicos, en primer lugar, los Objetivos del Plan de la Economía de 2021 y los del año próximo; posteriormente, la presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto del Estado, acompañado de su dictamen; y luego se presentarán y analizarán los cuatro proyectos de leyes.
El último día de la plenaria, coincidente con al aniversario 60 de la Campaña de Alfabetización, se reconocerá a los educadores cubanos, tras lo cual el Primer Ministro rendirá cuenta ante la Asamblea Nacional, cuyo informe ya tuvo un proceso de presentación, evaluación y consulta a los diputados.
Homero Acosta Álvarez destacó, como otros puntos en el orden del día, la ratificación de los acuerdos y decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado, y la actualización del cronograma legislativo.
Refirió que se reserva un espacio para el informe de rendición de cuenta del Gobierno de Sancti Spíritus, que se complementa con dos visitas realizadas por las comisiones permanentes a esa provincia y la recopilación de opiniones de los organismos de la Administración Central del Estado.
La rendición de cuenta de una estructura provincial a la Asamblea Nacional, reconoció, es un ejercicio que no se realiza hace más de 20 años, y con él tomamos experiencias para que sea de mirada crítica en cada uno de los gobiernos o instituciones que serán objeto de fiscalización por la Asamblea, específicamente los que se propongan para el mes de julio.
El Secretario de la ANPP aprovechó la ocasión para actualizar sobre las actividades por el aniversario 45 de los órganos del Poder Popular, como reconocimientos a fundadores y a cuadros, sesiones de las asambleas municipales y la reanudación de las visitas parlamentarias.
En ese contexto se han realizado las rendiciones de cuenta de los diputados a las asambleas municipales, y las de los delegados a sus electores, que ahora se refiere a la gestión del delegado, no a la de la administración. Ambos procesos son profundamente democráticos y de carácter autóctono, reflexionó.