Autor: Yaditza del Sol González.
Desde hace algunas semanas, autoridades de varios municipios y provincias del país comunicaron el carácter ilícito de la solicitud recibida, en sus instancias gubernamentales, para realizar una marcha el 15 de noviembre próximo que, si bien sus promotores la anuncian de «pacífica», persigue –a todas luces, como se ha demostrado– un fin desestabilizador y constituye una provocación como parte de la estrategia de «cambio de régimen» para Cuba, ensayada tantas veces en otras naciones.
Hace poco también se dio a conocer, de forma pública, que la pretensión de efectuar estas marchas, en al menos ocho territorios cubanos, responde a los planes del Gobierno de Estados Unidos y sus operadores políticos, que ansían derrocar la Revolución.
En tal sentido, Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Ideológico, destacó que cada año se destinan cifras millonarias para promover la subversión contra Cuba y evidenció, además, los vínculos que mantienen algunos de los promotores de la marcha con la Fundación Nacional Cubano Americana e, incluso, con el terrorista de origen cubano Ramón Saúl Sánchez Rizo.
Si todavía quedaran dudas del porqué de la negativa de nuestras autoridades, bastaría con revisar en detalle nuestra Constitución, esa misma que, al amparo del Artículo 56 y su referencia al libre derecho de reunión, manifestación y asociación, emplean como sustento de la solicitud.
Lo primero, comentó a Granma Ana Hernández Mur, fiscal jefe de la Dirección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República (FGR), es que si bien ese derecho se reconoce, a continuación, se precisan los fines lícitos y pacíficos que se exigen para el ejercicio del mismo, y que están obligados a hacerse con respeto al orden público y el acatamiento de las perceptivas establecidas en la ley.
«Además, tal y como define el Artículo 45, el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por el derecho de los demás, de la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y las leyes».
No es solo decir que yo tengo derecho a manifestarme, que efectivamente lo refrenda la Carta Magna, hay que analizar las causas, los fundamentos que promueven la petición, pues ahí radica el carácter ilícito de la misma, afirmó la especialista. Sencillamente, subrayó, no se puede utilizar un postulado como excusa para ir en contra de los propios derechos, garantías y obligaciones, que determina el texto constitucional.
Por otra parte, no podemos obviar que la verdadera causa de la marcha, la que sus promotores han publicado en redes sociales y plataformas digitales, no es otra que el cambio del orden político, económico y social en Cuba, señaló.
Y, «coincidentemente» –agregó–, esa marcha la aplauden, la defienden y mediáticamente le otorgan visibilidad, el Secretario de Estado de la administración norteamericana, la Embajada de EE. UU. en La Habana, la tristemente célebre Fundación Nacional Cubano Americana, así como otros operadores políticos y medios de comunicación, que intentan desestabilizar e instan a la intervención militar en nuestro país.
Fijémonos, reflexionó Hernández Mur, en la intención de iniciar lo que denominan transición para el cambio, que no es otra cosa que reemplazar el sistema socialista cubano, incluyendo la sustitución de sus valores, normas e instituciones.
«Se han auto elegido para esa obra, apostando a que le reconoceríamos el derecho a hacerlo.
«Les pareció que era posible concebir y llevar a vías de hecho la idea de usar la Constitución para derrocarla, olvidando que el 90 % de los ciudadanos con derecho electoral concurrió a las urnas, y de estos, el 86,85 % votó por el sí a la Reforma Constitucional de 2019».
En este análisis, dijo, no podemos pasar por alto los antecedentes que sustentan el carácter de nuestra Carta Magna actual, desde el hito histórico de haber proclamado, en medio de la gesta independentista contra la metrópoli española, cuatro constituciones, hasta la concepción de la de 1976, con toda una práctica constitucional llevada adelante por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando en plazas públicas fueron consultados los principales temas y posturas que recogería el referido texto.
Cuando esos elementos no se estudian, no se revisitan, puede cometerse la torpeza de llegar a evaluar de una manera esquemática y simplista lo que ha sido la Constitución de 2019, indicó.
Primero, consideró, el ejercicio de elaboración, las bases, los elementos sobre los cuales se fue construyendo, es realmente enriquecedor. «En la consulta popular, cerca de nueve millones de personas expresaron de forma consciente, responsable y con absoluta libertad, sus criterios, ya fuera en los centros de trabajo, de estudio, en las comunidades u otros escenarios».
Hubo más de 1 700 000 intervenciones, de las que se derivaron alrededor de 783 000 propuestas, y como resultado del aporte popular, casi el 60 % del anteproyecto fue modificado, recordó. «Eso ha sido el mayor ejercicio de participación popular en torno a una ley que se ha producido en los últimos años».
Resumiendo, los cubanos aprobamos el texto constitucional; el mismo que desde su Artículo 1 establece que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, y que luego, en el Artículo 4, consagra el carácter irrevocable del sistema socialista y el derecho de los cubanos a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido, detalló.
«Ahora, si se trata de una postura refrendada por la mayoría, si el ejercicio de los derechos de los ciudadanos implica límites y responsabilidades, hay que poner en contexto cuáles son las pretensiones reales tras la exigencia de salir a tomar las calles de nuestro país el 15 de noviembre, ¿la que enuncia el documento entregado o la que públicamente expresan?, o mejor, preguntémonos, ¿están tratando o no de derribar el orden constitucional en Cuba?».
No es que no se reconozca el derecho a manifestación, sino el motivo que está detrás de esa petición, argumentó. Incluso, como parte del cronograma legislativo, actualmente se desarrolla una norma complementaria, que definirá las garantías relacionadas al derecho de manifestación y asociación, aclaró.
¿OPOSITORES O ASALARIADOS DE UNA POTENCIA EXTRANJERA?
Para comprender mejor la situación que vivimos, con un grupo de opositores que, como ha denunciado nuestro Gobierno, tienen lazos con la administración de Estados Unidos y buscan desestabilizar al país, resulta necesario contextualizar esa realidad en todas sus dimensiones, superando cualquier análisis basado en un normativismo puro, divorciado de razones ideológicas, aseguró, por otra parte, Dimas Alfredo Herrera Gandol, fiscal de la Secretaría de la Fiscal General de la República.
Es preciso, entonces, partir de quiénes son estas personas, los fines de su actuación, si obran por iniciativa propia y de forma altruista, o si lo hacen por lucro, pagados desde EE. UU. para alcanzar los objetivos perseguidos por las 13 administraciones que ha tenido ese país desde 1959, acotó.
Resulta también necesario entender –expresó– que, desde la antigüedad, se ha definido que la oposición es el conjunto de organizaciones o personas, que disienten y critican los actos de la fuerza política dominante, pero «que no pretenden la destrucción del Estado, sino su reforma, sin que en ningún caso se vincule a la actuación de personas sufragadas por una potencia extranjera, de acuerdo con los intereses de la misma y en contra de los nacionales».
Al tener en cuenta tales elementos, precisó Herrera Gandol, es que podemos afirmar que los promotores de la marcha no son realmente opositores, pues no actúan por querer cambiar la sociedad, sino que buscan destruirla tal y como es y, además, median intereses económicos. «Ello le quita cualquier legitimación para llamarse opositores». Su esquema, su fórmula de trabajo va en concordancia con la injerencista Ley Helms-Burton, y esa ley es contra la soberanía de Cuba, aseveró.
Otro de los puntos en su agenda, indicó, es describir a muchos de los ciudadanos que hoy se procesan por delitos comunes o contra la seguridad del Estado, como presos políticos; sin embargo, en la literatura judicial se define que jamás podrá considerarse preso político a quien comete delitos comunes y hechos vandálicos, y mucho menos a quien lo perpetra o lo instiga, actuando por motivos de lucro, de conformidad con los intereses de una potencia extranjera, y en contra de la soberanía, la integridad de su país y el sistema refrendado constitucionalmente.
Con frecuencia, comentó, estas personas usan a la Constitución como escudo de sus actos, interpretando a conveniencia lo que refrenda el texto. Exigen, continuó, garantías con ignorancia de los deberes que como ciudadanos deben cumplir, colocando los derechos individuales por encima de los colectivos y cometiendo, además, hechos que son violatorios de la propia Carta Magna y constitutivos de graves delitos. Artículo tomado del periódico Granma Digital.