Cuando las fuerzas del pueblo actúan unidas, y de manera consciente y organizada, no hay sino éxito en lo que se propongan; sobre todo si la causa que convoca es garantía del orden y la tranquilidad ciudadana.
Así ha pasado con la realización, entre el 2 y el 7 de diciembre, del Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales; cuyos objetivos, principal y específicos, se cumplieron, como resultado de la acción coordinada e integral de las instituciones implicadas, la participación y el control popular, y el aseguramiento comunicacional.
Previo al abarcador ejercicio –que combinó acciones de carácter preventivo y otras de franco enfrentamiento–, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, había precisado que se trataría de un ejercicio de combate revolucionario, para enfrentar tendencias negativas que existen en nuestra sociedad, el cual tendría un carácter integral, con participación y control popular, que fortalecería la unidad de nuestro pueblo.
En esa ocasión, el Jefe de Estado razonó, igualmente, que el ejercicio trascendería solo si logramos que perduren las acciones y sacar lecciones de los resultados, «porque no son aspectos que se puedan enfrentar en un día, en dos, en una semana, en un tiempo determinado».
ENFRENTAMIENTO Y PREVENCIÓN
Como resultado de las verificaciones y acciones de control realizadas, destacaron los juicios ejemplarizantes contra quienes cometieron graves delitos, entre ellos el hurto y sacrificio de ganado o hechos de corrupción; los encuentros con sancionados atendidos por los llamados jueces de ejecución; el cierre de negocios y establecimientos por violar regulaciones estatales; y las inspecciones sorpresivas a diferentes lugares.
Igualmente, se priorizó el combate a las drogas, lo cual incluyó charlas en escuelas y comunidades para concientizar acerca del peligro que entraña su distribución y consumo.
Las instituciones de la Fiscalía, por ejemplo, aceleraron la tramitación de expedientes penales para su entrega a los tribunales, y aplicaron más de 300 medidas cautelares contra presuntos comisores de delitos asociados a la droga, la corrupción, y de carácter energético, como el de sustracción de aceite a transformadores eléctricos.
Destacó la realización de 2 306 controles a la investigación, en procesos relacionados con prioridades del enfrentamiento, y se determinó el aseguramiento de los imputados, y en el caso de la medida cautelar de prisión provisional, se impuso al 81 % de los presentados por los órganos de investigación.
Fueron remitidos a los tribunales 585 procesos penales, hubo 255 vistas orales de juicios –de estos, 34 ejemplarizantes–, y en la solicitud de sanciones se mantuvo la política de severidad.
Como parte de la verificación fiscal sectorializada, que se ejecuta para comprobar el cumplimiento de las normas jurídicas aprobadas por el Gobierno para la eliminación de distorsiones y reimpulsar la economía, en entidades estatales y formas de gestión no estatal se realizaron 405 inspecciones y recontroles; se impusieron 311 ventas obligatorias de los productos, por violar el precio establecido; y se indicaron varios cierres de establecimientos y decomisos de mercancías.
De los delitos fiscales, se determinaron deudas tributarias por 61 355 033 pesos, y fueron ocupados 3 438 023 en efectivo, provenientes de las ventas; dinero que fue depositado en el Banco, a instancias de la Fiscalía, además de aplicarse multas por valor de 2 881 649 pesos.
La Fiscalía también ejecutó acciones preventivas, que incluyeron intercambios, charlas y conversatorios en comunidades, escuelas y universidades previamente seleccionadas por su incidencia. Los temas abordaron, desde la perspectiva jurídico penal, las consecuencias de los hechos y conductas asociados al tráfico y consumo de las drogas ilícitas, la violencia de género y en el escenario familiar, y otros flagelos de impacto social, como el alcoholismo y el embarazo en la adolescencia.
Con igual nivel de exigencia trabajaron los tribunales de justicia –mencionamos antes los 34 juicios ejemplarizantes–, en causas abiertas por vínculos con la droga, la malversación, el incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicas, la apropiación indebida, el robo con fuerza en las cosas, el hurto, el sacrificio ilegal de ganado mayor, atentado, desacato, resistencia, desobediencia, portación y tenencia ilegal de armas, asesinato y lesiones provocadas por la violencia de género.
CONTROLAR, PARA NO REINCIDIR
Como profilaxis, se visitaron 4 300 sancionados en lugares de residencia y centros de trabajo, principalmente aquellos evaluados de regular y mal por los delitos de droga o asociados a los delitos contra el ganado mayor, así como aquellos controlados por las infracciones vinculadas a la corrupción administrativa y el robo con violencia o con fuerza en las cosas, entre otras.
Por medio de estas acciones, se detectaron 209 controlados con comportamientos inadecuados, de los cuales se propuso la revocación a 67 de ellos, por incumplir sus obligaciones, y hubo advertencias oficiales a otros 142.
De conjunto con las direcciones municipales de la Vivienda y de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, se ejecutaron 20 sentencias pendientes en materia administrativa y dos procesos de expropiación forzosa, todos en La Habana.
EN LAS COMUNIDADES
De las organizaciones de masas, fue notable el protagonismo de los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en las acciones educativas y de prevención a nivel comunitario, especialmente en el abordaje de las condiciones que pueden propender a la comisión de delitos como consecuencia del alcoholismo, los juegos prohibidos, el uso indebido de las drogas y otras ilegalidades que tienen en los barrios el escenario de máxima expresión.
En las comunidades fueron identificados más de 3 000 jóvenes en riesgo de cometer actos de delito, debido a su desvinculación del estudio o del trabajo. Además, hubo atención personalizada a 4 268 madres en situación de vulnerabilidad, que vivían solas y sin ingresos, de las cuales más de mil lograron emplearse o vincularse al estudio.
De igual modo, las comisiones permanentes de trabajo de las asambleas municipales realizaron 6 275 acciones de control sobre las actividades del proceso de bancarización, el uso de las pasarelas de pago, los precios de los productos y el cumplimiento de la política fiscal en entidades económicas estatales y actores económicos no estatales.
LA OPINIÓN DEL PUEBLO CUENTA
La realización del ejercicio para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales fue también la oportunidad para escuchar lo que piensa la población sobre varios temas.
Se conocieron los criterios favorables al desarrollo del Ejercicio y las medidas tomadas por el Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía; así como las opiniones críticas acerca de los altos precios y la falta de sistematicidad en la aplicación de algunas medidas de beneficio popular.
En varios municipios hubo fuertes denuncias del actuar de algunas mipymes y choferes privados que detuvieron sus servicios durante la ejecución del Ejercicio, para intentar ocultar ilegalidades como la evasión del fisco, la no aceptación de los pagos en línea y los precios abusivos.
Acorde con el criterio popular, se impone fortalecer la labor de las instituciones encargadas de imponer el orden y la tranquilidad ciudadana, para lo cual demandan un trabajo más sistemático, en aras de reducir las ilegalidades y los hechos violentos.
El hurto y sacrificio de ganado ha sido uno de los temas más preocupantes, especialmente para el campesinado, que criticó con agudeza el trabajo de autoridades, cierta impunidad hacia los delincuentes y la «benevolencia» de las leyes.
Como resultado de estas jornadas de control, ha resultado evidente que en la integración de los diferentes organismos e instituciones está la clave para avanzar en el objetivo de contar con una sociedad más justa y ordenada, para lo cual resulta imprescindible siempre contar con el pueblo, ese que pocas veces se equivoca y da cada día sobradas pruebas de fidelidad a la Revolución y a sus líderes.
El Ejercicio también demostró deficiencias en el actuar de instituciones estatales, en particular las encargadas de la inspección, supervisión y control de actividades de mayor impacto en la población, las que, en no pocos casos, lograron, durante la jornada, resultados muy superiores a los que habitualmente tienen; lo cual evidencia las potencialidades para enfrentar fenómenos sociales con mayor celeridad y eficacia.
De ejercicios como el recién concluido, la unidad del pueblo en torno al Partido y la Revolución siempre sale fortalecida, así como el respeto a la legalidad socialista y el rechazo a los fenómenos nocivos que afectan la seguridad, la tranquilidad ciudadana y el orden interior del país.