Concluye hoy Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano (Cobertura Especial)
El proyecto de ley Sistema de Identidad y Domicilio fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional en su X Legislatura. Este fue presentado por el primer coronel Mario Méndez, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración, y Extranjería.
El alcance de la ley abarca a todos los ciudadanos cubanos tanto dentro como fuera del país y complementa los postulados constitucionales actuales relativos al sistema de identidad y domicilio.
La ley parte de la base de que todas las personas tienen derecho a que se les respete su identidad personal, que su domicilio sea inviolable y a cambiar de domicilio sin más limitaciones que las establecidas por la propia ley.
Mario Méndez explicó que de esta manera se establece el proceso de identificación de los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes, además de que el número de identidad permanente será el identificador único para los Registros Públicos de la República de Cuba.
Queda definido el domicilio como la sede principal de una persona natural, como el centro de sus relaciones jurídicas, y se considera como tal al lugar donde se encuentre la persona actualmente.
El Primer Coronel definió que se regulará la identidad digital como la representación única, verificable y electrónica de una persona natural, vinculada de forma segura a su identidad física indubitada, que permite autenticarse y realizar trámites en el ámbito digital.
Resaltó, además, que el intercambio con los diputados respecto al proyecto de ley fue fructífero y que se incluyó un grupo de cambios producto de este diálogo. Propuso que la ley entre en vigor en tres meses para que se complemente con el resto de leyes migratorias en vez de los seis meses establecidos.
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APRUEBAN NUEVA LEY DE LA VIVIENDA: UN PASO TRASCENDENTAL PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL DEL PAÍS
Como un instrumento jurídico, concebido para dar respuesta a la dinámica demográfica y a otras transformaciones económicas y sociales a partir de la presencia de nuevos actores, y con una mirada local y territorial que tiene en cuenta las transformaciones económicas y sociales, se definió a la nueva Ley de la Vivienda, aprobada hoy en el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura.
René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, explicó que, para presentar la norma, se estudiaron tratados internacionales suscritos por Cuba en materia de hábitat y vivienda, disposiciones normativas y literatura vinculadas a estos temas, «no solo con el objetivo de actualizar la ley y lo relativo a la propiedad horizontal, sino en la implementación de la cooperativa de vivienda».
Dijo que el proyecto tuvo un alto proceso de consulta. Se recibieron un total de 10 928 opiniones, dudas y criterios, en los que participaron jóvenes y una cantidad importante de mujeres, de los cuales fue aceptado el 56 %. En las redes sociales se contabilizaron 158 534 interacciones.
ASPECTOS QUE SE PRESERVAN
Entre los principales aspectos de la ley actual que se preservan se encuentran: la responsabilidad del Estado en el desarrollo de programas constructivos para la solución del déficit habitacional; la protección a personas en situación de vulnerabilidad mediante políticas de subsidios y otros beneficios; la voluntad del Estado de que los cubanos sean propietarios de sus viviendas y el ejercicio pleno del derecho de propiedad; la construcción de viviendas por esfuerzo propio de la población que fomenta el Estado; el pago del precio de la vivienda que asignan los consejos de la administración municipal por mensualidad; el régimen jurídico de los edificios multifamiliares que se amplía y actualiza en la propiedad horizontal; la microbrigada para la solución de necesidades habitacionales y construcción de obras sociales vinculadas al proyecto; el ordenamiento de la vivienda en un régimen especial o en zonas de regulación especial; y el procedimiento para reclamaciones de derechos y solución de conflictos que se articula a la Ley de Procedimientos Administrativos.
Mesa Villafaña puntualizó que se define el Programa Nacional de Desarrollo Habitacional con enfoque integral y sostenible, en el que participan todas las formas de gestión: estatal, esfuerzo propio de la población, cooperativa de vivienda, otras cooperativas, microbrigadas, micro, pequeñas y medianas empresas, inmobiliarias y otras.
Resaltó que el precio de la vivienda del fondo actual que queda disponible a favor del Estado para su asignación se determina de conformidad con el valor catastral. Además, se regula el uso de las utilidades por las entidades económicas para financiar intervenciones arquitectónicas y contribuir con el pago de la vivienda que le asignen los consejos de la administración municipal a los trabajadores o a las que construyan las propias entidades para estabilizar sus fuerzas de trabajo.
Manifestó que en la normativa el desarrollo de nuevas zonas de crecimiento urbano, corresponde al Estado y a otras formas de gestión autorizadas la proyección, financiamiento y ejecución de las urbanizaciones e integrarlas con los asentamientos humanos.
Mientras que como población protegida y priorizada se incluye a los jóvenes en el acceso a una vivienda adecuada con condiciones de vida.
El precio de la vivienda que construye el Estado será presupuestado con criterios de racionalidad y eficiencia, sin subsidio incrementado por las facilidades urbanísticas.
De igual forma, se eliminan las restricciones para que las personas naturales y jurídicas extranjeras compren y arrienden viviendas. Se incluye, además, la definición y protección de la vivienda social y otras modalidades.
El Consejo de la Administración Municipal puede financiar el precio de la vivienda que construya y asigne, o una parte de este, a las personas en situación de vulnerabilidad que no puedan asumirlo. Se establece un tratamiento diferenciado para las personas en barrios focos precarios y zonas de La Habana, con regulaciones que estimulan la permanencia en los asentamientos con viviendas destinadas a programas priorizados.
PRINCIPALES CAMBIOS EN FAVOR DE LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS
En la nueva Ley se reconoce el derecho a las personas naturales a tener hasta dos viviendas en propiedad, sin perjuicio de la que posee sobre la vivienda de descanso o veraneo, si está declarado en el título constitutivo.
El propietario de una vivienda declarada en estado de ruina por la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano o la Delegación del Municipio Especial de la Isla de la Juventud, puede tramitarla a favor de personas naturales o jurídicas con el fin de recuperar su valor de uso en edificación de hasta dos pisos o apartamentos.
El propietario de una vivienda colindante con otra en sentido horizontal o vertical, puede ceder al otro propietario una o más habitaciones o espacios edificados previo cumplimiento de los trámites y formalidades establecidas, siempre que se mantenga la condición de vivienda adecuada. Los propietarios de vivienda pueden concertar contratos de comodato.
«Se elimina la autorización administrativa para la transmisión de solares yermos que emite la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbano y se amplían las facultades de los propietarios. Asimismo, se elimina la autorización administrativa que emite la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano para ceder una casa o conjuntamente la propiedad parcial o total de la superficie de la azotea para construir o ampliar vivienda».
Mesa Villafaña resaltó que los propietarios de vivienda pueden permutarla por una o más por otro bien o derecho de cualquier naturaleza.
Y en el arrendamiento de vivienda estatal puede solicitar aprobación para permutar y dividir la vivienda y subarrendar las habitaciones o espacios. «El propietario puede transmitir su vivienda a personas naturales o jurídicas por donación».
Además, se establece la permuta de vivienda patrimonio del organismo y la compraventa, así como la permuta con personas naturales.
Como norma jurídica complementaria, este proyecto de ley tiene tres reglamentos: reglamento de propiedad horizontal, de la ley general y reglamento de las cooperativas de vivienda.
UNA LEY QUE RATIFICA LA VOLUNTAD SOCIAL DEL ESTADO
Al presentar el dictamen Magda Ileana Pérez Matos, jefa de la comisión de Industria, Construcciones y Energía, de la ANPP, expresó que el ámbito de aplicación de la Ley alcanza las acciones de protección pública, gestión de la vivienda en términos de producción, calidad, financiamiento, distribución, uso y conservación, así como su acceso y transmisión.
«Mediante la propuesta de ley se ratifica la voluntad política del Estado cubano de desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas que habitan en condiciones de riesgo, las sensibles por la edad, enfermedad, situación de discapacidad, violencia familiar, personas que se dedican al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados de escasos recursos económicos y otras de bajos ingresos».
A su juicio resulta novedosa la ampliación de derechos de las personas naturales y jurídicas titulares de vivienda, y al propio tiempo la responsabilidad en el ejercicio pleno de estos derechos, así como la incorporación de todos los actores económicos en el programa de construcción de viviendas y sus urbanizaciones.
En tanto, Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda, del Ministerio de la Construcción, explicó que el tema del abandono de inmuebles fue incorporado al proyecto de ley por una necesidad de Gobierno para responder a situaciones muy específicas ante las cuales no teníamos una vía legal para proceder.
Aclaró que los propietarios que abandonan su vivienda tienen una responsabilidad social con su vivienda. Esto debe ser tramitado por un tribunal y evaluado por el mismo. Además, especificó que no se aplicará la ley arbitrariamente ante cualquier situación, primero se informará a las partes pertinentes, se estudiará a profundidad el caso y la principal causa es el estado de ruina de los inmuebles.
Con esta nueva ley, Cuba actualiza su marco normativo habitacional, amplía derechos y reconoce la participación de todos los actores económicos y sociales en la solución del déficit de viviendas, siempre bajo la rectoría del Estado y con el objetivo de garantizar el bienestar de la población.
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DIPUTADOS APRUEBAN LEY DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO
El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, presentó ante el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, el proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado –aprobado por los diputados como Ley– , una norma que propone redimensionar la estructura del Gobierno para fortalecer la institucionalidad, elevar la eficiencia de la gestión pública y respaldar la implementación de las transformaciones económicas y sociales.
Durante su intervención, explicó que la iniciativa responde al mandato del artículo 146 de la Constitución de la República que establece que el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que forman parte de la Administración Central del Estado son determinados por ley, y al cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027.
Señaló que la actual organización de la Administración Central del Estado se rige por un decreto ley vigente desde 1994, por lo que resulta necesaria su actualización.
Ricardo Guerra informó que la propuesta reduce de 27 a 21 los Organismos de la Administración Central del Estado, además del Banco Central de Cuba, mediante la integración de funciones y el cambio de denominación en ocho de ellos.
- Agricultura y Alimentación
- Educación Superior, Ciencia e Innovación
- Economía y Finanzas
- Comercio e Inversión Extranjera
- Industrias y Construcción
- Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos
- Deportes y Recreación
- Educación
El Secretario del Consejo de Ministros precisó que la reorganización no limita la capacidad de gestión de los organismos, sino que exige una reestructuración interna para adecuar sus funciones al nuevo diseño institucional.
INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS Y MAYOR EFICIENCIA
Al fundamentar el proyecto explicó que la reorganización se adecua al mandato constitucional y se alinea con el sentido y las disposiciones de mejora y fortalecimiento de institucionalidad estatal y de la definición constitucional de Estado socialista de derecho y justicia social.
Precisó que responde al cumplimiento del Objetivo General No. 6 y al Específico 6.3 del Programa Económico y Social del Gobierno y de la Transformación Económica y Social 41, que establecen la necesidad de redimensionar la Administración Central del Estado y permite mejor unidad en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas, y atención más coherente y consecuente con la transversalidad de alguna de esas políticas en la actuación del Estado cubano.
Remarcó que integra procesos de gestión pública orientado a una mayor eficacia, eficiencia y optimización de los procedimientos y medios de la administración central, reduce la fragmentación y dispersión en la actuación administrativa central y se elimina la duplicidad de competencias y actuaciones existentes en la gestión administrativa pública.
Asimismo, se ajusta al cambio de escenario real donde se ha transformado la intervención y participación de todos los actores económicos en los procesos relativos a la gestión pública y dota de mayor coherencia al cumplimiento de las funciones estatales de los OACE, separándolo de las empresariales.
Ricardo Guerra añadió que la norma se ajusta a la realidad demográfica, facilita una mejor relación entre los OACE y los órganos del Poder Popular, tanto los municipales como los provinciales.
Acotó que propicia una mayor calidad de los servicios y prestaciones públicos y un mejor escenario para la transparencia, rendición de cuentas y control, y se crean mejores condiciones estructurales y funcionales para la atención administrativa de las necesidades generales de la población, la garantía a los derechos ciudadanos y el cumplimiento de los deberes de estos.
NUEVOS MINISTERIOS INTEGRAN FUNCIONES ESTRATÉGICAS
Ricardo Guerra destacó que el Ministerio de Agricultura y Alimentación permitirá integrar toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la comercialización, en consonancia con la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Sobre el Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que favorecerá una mayor articulación entre la planificación económica, el presupuesto, la política fiscal y las inversiones, al tiempo que aclaró que reduce la duplicidad de funciones y conflictos burocráticos, además en situaciones especiales un solo organismo actúa con mayor rapidez.
Destacó que el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera unificará la política comercial, facilitará las cadenas de suministro y se adecuará a la participación de otros actores económicos no estatales en el comercio.
En cuanto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, señaló que fortalecerá el vínculo entre la formación de profesionales, la investigación científica y la innovación tecnológica, potenciando el desarrollo del capital humano.
También resaltó la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, considerado uno de los cambios más significativos de la propuesta, al integrar funciones relacionadas con la vivienda, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y los recursos hidráulicos, lo que permitirá simplificar trámites y ofrecer respuestas más integrales a la población.
Igualmente, el Ministerio de Industria y Construcción logra la integración de ramas industriales heterogéneas y la complementación y articulación de funciones y actividades que permiten cerrar procesos para lograr la eficiencia y eficacia que la Administración Central del Estado requiere.
CONSULTA CON DIPUTADOS Y LA POBLACIÓN
Informó que durante el proceso de elaboración del proyecto se desarrolló una amplia consulta con organismos, especialistas y diputados, de la que se derivaron numerosas propuestas y observaciones, muchas de ellas incorporadas al texto final.
Entre las principales inquietudes figuró la oportunidad de acometer esta reorganización en el actual contexto económico.
Al respecto, sostuvo que, tras la aprobación de las transformaciones económicas y sociales, este es el momento necesario para avanzar en el redimensionamiento de la Administración Central del Estado, por constituir un soporte imprescindible para su implementación.
Ricardo Guerra informó además que, de forma complementaria, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó la política para el funcionamiento y control de los servicios comunales, cuyas funciones serán redistribuidas entre varios organismos.
En ese sentido, el Ministerio de Industria y Construcción asumirá la conducción de la política relacionada con los servicios comunales y la gestión integral de los residuos sólidos; el Ministerio de Agricultura y Alimentación atenderá las áreas verdes y los residuos orgánicos; el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos tendrá a su cargo el mobiliario urbano, los parques y la evaluación del impacto ambiental; mientras que el Ministerio de Salud Pública será responsable de los servicios funerarios, cementerios y el control sanitario asociado.
El Secretario del Consejo de Ministros agradeció los aportes realizados por la población, los organismos y los diputados durante el proceso de consulta y afirmó que el redimensionamiento de la Administración Central del Estado constituye un paso audaz y necesario para fortalecer la institucionalidad y garantizar una implementación más eficaz de las transformaciones económicas y sociales.
LOS DIPUTADOS EN EL DEBATE
Referido a la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, el Comandante de la Revolución, José Ramón Machado Ventura, manifestó que para la implementación de la presenta Ley, debemos ser preventivos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá que revisar las plazas, los problemas de desempleo y asistencia social para que esta nueva estructura sea más eficiente, dijo.
Por otra parte, la diputada Aylin Justiz Águila, puntualizó que, si bien la misma disminuye la burocracia y es una decisión acertada, en el caso de la fragmentación del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, con las nuevas funciones supondría costos de titulación.
Asimismo, explicó que «puede acelerar la pérdida de capital humano especializado, debilitar la representación unificada de nuestro país ante convenios internacionales que tienen que ver con el cambio climático, con seguridad nuclear, con biodiversidad.
Sugirió que toda transformación de esta magnitud debería estar precedida por un diagnóstico técnico, riguroso y público, «que es lo que las personas más han reclamado. Que se pudiera explicar por qué en este modelo que está vigente deja de ser conveniente y demuestre entonces con evidencia que el nuevo pudiera ser superior».
A su juicio «la experiencia internacional demuestra que la ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambiente, la sostenibilidad ambiental, forman parte de un mismo sistema. No son áreas independientes, sino dimensiones inseparables».
En tanto, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República de Cuba, defendió la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, y planteó la necesidad de garantizar una transición coherente y una eficiente distribución de la fuerza de trabajo capacitada.
Explicó los resultados del diagnóstico constitucional y el trabajo con los grupos de trabajo pertinentes, en los cuales se realizó un análisis de riesgo y de costos beneficios para poder reunir todos los criterios en aras de la conformación de este nuevo ministerio.
En ellos se identificó problemáticas que lastraban el trabajo de los ministerios que se unifican, como complejidad burocrática, vulnerabilidad territorial y fragmentación institucional. Con roles que se duplican y se triplican, respuestas tardías y descoordinadas, y dificultad para implementar la política nacional de desarrollo sostenible.
Inés María Chapman reconoció que la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Habitad y Recursos Hidráulicos responde a una necesidad de fortalecer la respuesta ante los eventos climáticos, lograr eficiencia, reducir el gasto público y concentrar recursos de una manera más eficaz.
Se pretende lograr una mejora en la articulación territorial, al tener competencias transversales, implementar coherentemente las políticas en los territorios, facilitar la cooperación internacional y concentrar competencias administrativas.
La vice primera ministra afirmó que un aspecto importante respecto al trabajo de este ministerio será el cumplimiento de objetivos de las agendas internacionales. Su unificación podría mejorar capacidades para coordinarse con organismos como la ONU, el PNUD y otros.
Hizo un llamado a perfeccionar el trabajo de este organismo y el funcionamiento de las agencias que trabajan con los mismos, y reconoció que la transformación debe ser paulatina, para corregir errores a tiempo.
La diputada y subdirectora del periódico Granma, Leidys María Labrador Herrera, mostró su preocupación sobre la necesaria comunicación institucional en medio de todas las nuevas transformaciones que se han planteado en la Asamblea.
Recomendó incluir en los planes de transición, los cambios en los procesos de comunicación de los ministerios y organismos implicados para que en sus procesos de reestructuración se creen los nuevos logos, colores y la identidad corporativa que los va a representar.
Además, recalcó la importancia de la creación de estrategias coherentes para comunicar esos cambios y la consolidación de canales públicos de comunicación para lograr un intercambio más explícito y coherente con la población.
El miembro del Consejo de Estado, Yuri Valdés Balbín, afirmó que la norma constituye un punto de partida para reorganizar la gestión gubernamental, cuyo perfeccionamiento dependerá del proceso de implementación y de la participación de los organismos y diputados.
Señaló que resulta imposible alcanzar un consenso absoluto en un proceso de esta magnitud, debido a la diversidad de criterios existentes, pero consideró que la propuesta presentada por el Gobierno ofrece una base sólida para avanzar en la transformación de la Administración Central del Estado.
Valdés Balbín insistió en que el elemento esencial de la reforma no radica únicamente en la nueva estructura organizativa, sino en los procesos de gestión que deberán desarrollarse para garantizar una mayor eficacia institucional.
El también Director general del Instituto Finlay de Vacunas explicó que la implementación deberá sustentarse en un modelo de mejora continua, capaz de introducir los ajustes que resulten necesarios conforme avance la aplicación de la ley.
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Con un sentido homenaje a Frank País García, jefe de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio, y a Raúl Pujol Arencibia, jóvenes asesinados en Santiago de Cuba por la dictadura batistiana y a quienes se honra en el Día de los Mártires de la Revolución Cubana, comenzó la segunda jornada del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura.
La sesión cuenta con la participación por videoconferencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Dentro de las propuestas legislativas se analizarán en la jornada los proyectos de Ley de Organización de la Administración Central del Estado, la Ley de la Vivienda, el Código de Trabajo y la Ley del Sistema de Identidad y Domicilio, normas que forman parte del proceso de actualización y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico cubano.
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Este jueves continúa el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura, que analizará dentro de las propuestas legislativas la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, la Ley de la Vivienda, el Código de Trabajo y la Ley del Sistema de Identidad y Domicilio, normas que forman parte del proceso de actualización y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico cubano.
La primera jornada, que transcurrió el miércoles, contó con la participación por videoconferencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Como parte de la sesión, tomaron posesión diez nuevos diputados para cubrir las vacantes existentes en igual número de municipios del país, de conformidad con lo establecido con la Ley Electoral.
Los nuevos diputados son: Alejando Redondo Ramos, director jurídico de la ANPP, por San José de las Lajas; Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia, por el municipio de Jobabo; Asbel Quintana Siveira, por Bayamo; Yoandry Águila Molina, por el municipio de Abreus, Yury Triana Velázquez, por Madruga; Yudixa Sarmiento Rodisio, secretaria del Sindicato de Salud, por Pedro Betancourt; William Licourt González, secretario del Sindicato Agropecuario, por Consolación del Sur; Jorge Legañoa Alonso, presidente de Prensa Latina, por Rafael Freyre; Zulma Pila Gálvez, por el municipio capitalino de Regla; Elvis Norys Castillo Morales, por el municipio de Amancio Rodríguez.
La ANNP aprobó este miércoles la derogación de la Ley No. 183, de diciembre de 2025, denominada Ley de reducción excepcional del actual periodo de mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular, con lo cual el mandato de los delegados municipales se mantendrá en los cinco años establecidos por la Constitución de la República.
Precisó que, al aprobarse la derogación de la Ley 183, el periodo de mandato de los delegados municipales transcurrirá normalmente durante cinco años y las elecciones de delegados y diputados se desarrollarán el próximo año, conforme a ese calendario.
Otro de los temas centrales analizados fue la información ofrecida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, acerca del proceso organizativo y la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, como parte del Programa de Gobierno para 2026, con el propósito de evaluar las acciones desarrolladas desde su aprobación y las prioridades en su ejecución.
Los diputados conocieron, además, sobre la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado correspondiente al primer semestre de 2026 y aprobaron el informe de liquidación del presupuesto de 2025, presentado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, así como el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos.
Los parlamentarios aprobaron, también, la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, presentada por Ydael Pérez Brito, ministro de Agricultura.