Con la creación del Instituto de Información y Comunicación Social se robustece un sector vital y estratégico
Autor: Laura Mercedes Giráldez.
Ante la ausencia de un organismo que conduzca el sistema de comunicación social en Cuba, y con la finalidad de fortalecer la institucionalidad del país, este martes fue puesto en vigor el Decreto-Ley 41 de 2021, a través del cual se determina la necesidad de extinguir el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y, en consecuencia, crear el Instituto de Información y Comunicación Social como Organismo de la Administración Central del Estado.
Humberto Fabián Suárez, vicepresidente nacional de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), explicó a la prensa que con la fundación de este instituto, se cumple un viejo anhelo de los profesionales del gremio.
«Recordemos –apuntó– que el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha considerado a la comunicación social como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la actividad gubernamental y partidista, y esencial para el desarrollo de la nación, junto a la ciencia, la innovación y la informatización».
Suárez insistió en que la importancia de este nuevo organismo radica en que, a pesar de que tiene el nombre de Instituto, contará con el mismo rango que un Ministerio. De esta manera apoyará, conducirá y organizará la comunicación social en el país. «Es un cambio cultural y social en la vida de la nación», afirmó.
Lo que se pretende con este organismo es que sea capaz de articular y facilitar el nuevo sistema de comunicación cubano, que necesita conducirse adecuadamente para lograr una gestión de la comunicación social que sea coherente y que responda a los intereses no solo del país, sino también de los ciudadanos.
El directivo aclaró que para llegar hasta la publicación de la Gaceta Oficial de la República No. 96 Ordinaria, del 24 de agosto de 2021, en la cual está contenido el Decreto-Ley 41, hubo antes un largo proceso que se inició en abril de 2013, como resultado de los acuerdos adoptados en la Primera Conferencia Nacional del Partido, celebrada en 2012.
Durante alrededor de nueve años, un grupo de trabajo permanente, integrado por miembros de los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Planificación; de la ACCS; la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC); la Facultad de Comunicación y del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, laboró de conjunto en el desarrollo de la política de comunicación del Estado y el Gobierno, que se logró en enero de 2018.
Por lo tanto, «esta no es una medida que se haya tomado recientemente, ni que esté relacionada con ningún acontecimiento en específico, sino que responde a la necesidad de erradicar el mediocentrismo a la hora de abordar la comunicación social en Cuba», remarcó.
Asimismo, Onelio Castillo Corderí, quien hasta el momento de la puesta en vigor de la nueva norma jurídica se desempeñase como vicepresidente del ICRT, refirió que también intervinieron en ese proceso académicos de toda la Isla, para conseguir un discurso moderno y que dialogase con la práctica internacional en materia de comunicación social, a la par que mantuviese el compromiso innegable de la dirección del país con la tradición histórica cubana en esa esfera.
Respecto al grupo multifuncional que proyectó la política de comunicación del Estado y del Gobierno, Castillo Corderí subrayó que su constitución se debió a la necesidad de elaborar una política con miradas más integradoras, inclusivas y armónicas en materia de comunicación y que, además, la población tuviese mayor acompañamiento en ese ámbito.
A través de un proceso de gestación del conocimiento se determinaron varios elementos, que fueron los que llevaron a la máxima dirección de la nación a trabajar en la proyección de esa política.
ESOS ELEMENTOS SON:
- Predominio en el ejercicio comunicacional del país de un modelo unidireccional, que no apoyaba a la comunicación armónicamente en sus ámbitos mediático, institucional y comunitario.
- No concepción de la comunicación social como un elemento estratégico en la dirección del Estado, en las instituciones cubanas y en las distintas esferas de la vida económica y social.
- Ausencia de normas jurídicas, que respaldaran desde la legislación, todo lo que el Partido había venido evaluando y trazando acerca de la comunicación social.
Respecto a la nueva medida, observó Castillo Corderí que desde su concepción se partió del principio de que la información, la comunicación y el conocimiento constituyen bienes públicos y derechos ciudadanos, y que la comunicación debe asumirse como un proceso veraz, oportuno y transparente, si se quiere lograr con ella todos los propósitos, que en materia de construcción simbólica, de participación y de fortalecimiento democrático se pretende conseguir como nación.
DELINEARON TAMBIÉN LA PROYECCIÓN DE LA NUEVA NORMA:
- Acuerdos del 7mo. Congreso del PCC.
- Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.
- Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
- Plan de Desarrollo de la nación hasta 2030.
- Constitución de la República, aprobada en 2019.
- Acuerdos del 8vo. Congreso del PCC.
El directivo argumentó también que este decreto dota a la Isla de una herramienta jurídica que, de forma gradual, irá transformando estructural y culturalmente el panorama de la comunicación social en la Mayor de las Antillas.
Con la creación del Instituto de Información y Comunicación Social se robustece la institucionalidad del país en un sector vital y estratégico si se quiere seguir avanzando en la consecución de las principales aspiraciones del país en los órdenes económico, político y social, pues su misión principal es conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y del Gobierno cubanos, proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad.
Respecto a las funciones específicas, estructura y composición que desarrollará el nuevo Instituto, se informó que el Consejo de Ministros cuenta con 30 días posteriores a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley para establecerlas.
Dentro de esas funciones destaca mantener constancia en el trabajo en la comunicación interna dentro de las distintas instituciones cubanas, la superación de los profesionales y especialistas, que laboran en el ámbito de la comunicación social y el periodismo, así como la gestión efectiva de la marca país, que afianza la identidad de la nación.
«Con más comunicación nuestro Estado es más democrático, el capital simbólico de la nación se engrandece. Con más comunicación social el futuro de la nación le va a pertenecer más a los cubanos y a lo que decidan libremente asumir los cubanos», concluyó Castillo Corderí. Artículo tomado del periódico Granma Digital.