¿Cómo se garantiza el respaldo jurídico para que las transformaciones económicas y sociales lleguen a la base?
Las transformaciones económicas y sociales aprobadas el pasado mes de junio por la Asamblea Nacional del Poder Popular requieren un respaldo legal que permita su implementación y asegure su coherencia dentro del ordenamiento jurídico cubano.
Para ello se estableció, desde su inicio, un cronograma legislativo y se organizaron grupos de trabajo encargados de coordinar la elaboración, revisión y aprobación de las normas. Sobre el estado actual de este proceso, Granma conversó con Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia.
–¿Cómo se ha organizado el aseguramiento jurídico de las transformaciones económicas y sociales?
–De forma preliminar, se previeron 138 disposiciones jurídicas de distintos rangos: cuatro leyes, 34 decretos–leyes, un decreto presidencial, 17 decretos, tres acuerdos del Consejo de Ministros, 78 resoluciones y una instrucción. De ellas, 104 debían aprobarse en julio, 31 en agosto y tres en septiembre.
«Hasta el momento se han recibido 105 disposiciones previstas en el cronograma. Pero en el proceso de creación normativa se identificaron otras, y hemos recibido 87 que no estaban previstas inicialmente.
«Esto hace un total de 192 normas jurídicas de diferentes rangos que ya han sido aprobadas y revisadas, y que dan respaldo a las transformaciones».
–¿Cómo se logra combinar rapidez y calidad en este proceso?
–Se ha trabajado intensamente. Los miembros del grupo jurídico están a tiempo completo. Se ha previsto un proceso expedito, ágil y de calidad en cuanto a los procesos de revisión, conciliación con los ponentes de las normas y aprobación de las mismas.
Al mismo tiempo, debe mantenerse la coherencia del ordenamiento jurídico, el respeto a las normas de rango superior y la supremacía de la Constitución. Las leyes que requieran modificaciones pueden realizarse mediante decretos–leyes siempre que no afecten derechos, como establece la propia Constitución.
–¿Cuál es la situación respecto a la publicación de las normas en la Gaceta Oficial?
–Hasta la fecha se han publicado 93 normas jurídicas en la Gaceta Oficial. De las 177 normas terminadas, hemos identificado 31 que no requieren publicación. Quedan alrededor de 50 pendientes de publicación.
«Esto responde, entre otros elementos, a la organización de las ediciones de la Gaceta, en las que se publican tanto normas de rango superior como complementarias, así como a la definición de los momentos de publicación dentro del aseguramiento político–comunicacional».
–¿Qué ha aportado al proceso contar con un marco legal más actualizado?
–Después de la Constitución, esto ha significado un paso de avance. Ya tenemos una cultura jurídica más avanzada. El hecho de haber aprobado una nueva Constitución, en la que todo nuestro pueblo participó, ha elevado la cultura jurídica.
«También ha sido importante contar con un cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional, del cual el Ministerio de Justicia rinde cuenta todos los años, en diciembre, y que es aprobado por los diputados.
«Esto ha involucrado a los organismos ponentes en el ejercicio legislativo y ha permitido llegar hasta ahora con un gran número de disposiciones jurídicas aprobadas que responden al cronograma y dan salida a los preceptos de la Constitución».
–¿Quiénes participan en la elaboración de estas normas?
–En cada norma hay un ponente, que es el organismo que la presenta, y este crea un grupo de trabajo en el que intervienen expertos en la materia y juristas del sistema. También se invita a académicos de las universidades y de las facultades de Derecho, así como a especialistas que conozcan del tema.
«Los organismos involucran, además, a expertos dondequiera que estén en el país. Incluso los estudiantes aportan en este proceso. Esta participación permite escuchar criterios y contribuye a que las normas tengan mayor calidad y sean más robustas».
–Una vez aprobadas, ¿cómo se garantiza que las normas no queden solamente en el papel?
–Lo más importante es la adecuada implementación de las transformaciones, que se haga rápido y bien. La mayoría se implementa en los territorios, en la base, en los municipios.
«Está concebido un proceso de divulgación de las normas, comunicación amplia, seminarios de capacitación y control de cómo se ejecutan.
«Se han previsto recorridos de los ponentes de las normas por sectores como la agricultura, el sistema empresarial y las nuevas formas de gestión, para explicar su contenido, conocer las dudas y ver cómo se implementan en la base.
«La implementación no es responsabilidad únicamente de los municipios ni de los gobiernos municipales o provinciales. Todos tenemos que acompañar el proceso y garantizar, en lo que a cada organismo compete, su realización».
Rosabel Gamón Verde significó que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene responsabilidad en aspectos como el asesoramiento jurídico y la actividad de los notarios y de los registros civiles, mercantiles y de la propiedad.
Comentó cuál ha sido la indicación del Presidente y del Primer Ministro: «no se trata de ir a los municipios a examinar, sino de acompañarlos y ayudarlos a implementar adecuadamente las normas», afirmó.
El respaldo jurídico de las transformaciones no concluye con la aprobación y publicación de las normas. Su verdadero alcance se verificará en la base, en los municipios, donde deberá garantizarse una implementación rápida, coherente y acompañada por todos los organismos.