Aprueba Consejo de Ministros normas jurídicas que serán presentadas a los diputados
Sumamente amplio es el cronograma legislativo que lleva adelante Cuba desde hace algunos años. Como respaldo a ese propósito, durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros –encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez– el máximo órgano de Gobierno cubano acordó ejercer la iniciativa legislativa en varios temas vinculados con el desarrollo social y económico de la nación, y presentar al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular los tres anteproyectos evaluados.
De especial significación para el país resultó la aprobación, por el máximo órgano de Gobierno, del anteproyecto de Ley de Salud Pública, que será debatido en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el mes de diciembre.
Durante la reunión –que estuvo dirigida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz– al referirse a los postulados recogidos en el documento, la viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Hernández Cruz, señaló que se ratifica a la «Salud Pública como un derecho del pueblo, se desarrollan derechos y garantías constitucionales y deberes de las personas, y se propone el concepto de los servicios de atención, protección y recuperación de la salud».
Respecto a ese último aspecto, Hernández Cruz argumentó que con él se «da cumplimiento al artículo 72 de la Constitución de la República, teniendo en cuenta que existe también una sección para los deberes y derechos».
Además, dijo, el documento actualiza «las obligaciones del Estado y el Gobierno para garantizar los servicios accesibles, gratuitos y con calidad; establece funciones y obligaciones a nivel local; profundiza el concepto de Una Salud, que no se encontraba en la Ley anterior, y permite la integración de multidisciplinas».
En su articulado, detalló la Viceministra primera de Salud Pública, la propuesta recoge, entre otros aspectos, las determinaciones para el final de la vida, los principios y fines de la Salud Pública, así como el funcionamiento de las actividades del Sistema Nacional de Salud.
Según refirió, para la elaboración del anteproyecto se realizaron múltiples consultas, tanto con especialistas del sector de la Salud como de otros estrechamente relacionados con él, y se evaluaron documentos internacionales e instrumentos jurídicos de diversa índole.
Como parte de los temas incluidos en la agenda de esta reunión, los miembros del Consejo de Ministros también dieron luz verde a la Política para la aprobación del Régimen Especial de Seguridad Social del sector Agropecuario y Forestal, así como al anteproyecto de Decreto Ley que deberá ser finalmente aprobado por el Consejo de Estado.
«De integral y abarcadora» calificó la propuesta Yaniris Hernández Vento, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, al presentar el texto ante los miembros del Consejo de Ministros.
Entre otros principios, dijo, la política adiciona nuevos sujetos del régimen especial, amplía y unifica la cobertura de los riesgos a proteger, así como dispone un tratamiento diferenciado para la acreditación del tiempo de servicios del trabajador agropecuario vinculado directamente a la producción.
Actualmente, explicó, se encuentran vigentes tres regímenes especiales de Seguridad Social para actores económicos del sector agropecuario y forestal, lo cual genera desigualdades en aspectos como el modo de financiamiento, el alcance de la protección, los derechos que conceden y la cobertura de riesgos. Con esta propuesta, aseguró, se unifican y adecúan esas normas vigentes.
Al referirse al nuevo texto, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, comentó que las propuestas que se han hecho fueron conciliadas con los productores y favorecen su trabajo en el campo. Este es, valoró, un documento más integrador y beneficioso para todos.
En tanto, Julio García Pérez, presidente del Grupo empresarial AzCuba, refirió que este es un tema «que va a tener un impacto muy favorable, sobre todo para muchas personas que están en el medio rural, pues ahora todos los actores económicos estarán en igualdad de condiciones».
Significativa para el avance del cronograma legislativo en el país resultó la aprobación también del proyecto de Decreto Ley del Sistema de Áreas Protegidas, que posteriormente deberá ser aprobado por el Consejo de Estado.
Entre las novedades de esta propuesta, Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, destacó que por «primera vez se establece que las áreas protegidas declaradas constituyen parte del Patrimonio Natural de la Nación», al tiempo que se reconocen otras medidas de conservación para áreas no declaradas como protegidas, como pueden ser corredores biológicos, el Plan Turquino, entre otras.
Al respecto, el Primer Ministro destacó el papel del administrador de las áreas protegidas, una nueva figura con la cual se favorece la atención a estos lugares. Igualmente, llamó la atención sobre el hecho de que algunas de las «áreas protegidas son escenarios de ilegalidades, sobre todo de la tala de árboles y la caza furtiva, convirtiéndose en escenarios de indisciplinas de diferente tipo».
De ahí su énfasis en «incrementar el rigor con todas las instituciones que participan en el control y protección de estas áreas».
RURALIDAD Y POLÍTICA DE LA VIVIENDA EN CUBA
Otro de los temas aprobados correspondió a la propuesta de acciones para atenuar los problemas actuales de la ruralidad en Cuba. Lo analizado en esta ocasión da continuidad al diagnóstico integral aprobado por el Buró Político en febrero 2023 y, posteriormente, por el Consejo de Ministros, lo cual trajo consigo la constitución de un grupo temporal de trabajo encargado de evaluar y proponer acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales en el país, en las que existe un componente fundamental de nuestra identidad cultural y se asienta el sector primario de la economía.
Al exponer el tema, el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca enfatizó en que, con la implementación de estas acciones, se espera la creación de un ambiente más favorable para la permanencia de los habitantes en las zonas rurales; incrementos de la producción endógena de alimentos para el autoabastecimiento local, así como el aumento de los ingresos y la mejora de las condiciones de vida de las personas.
Entre otras acciones que se han previsto llevar a cabo por los diferentes organismos de la Administración Central del Estado, Tapia Fonseca habló de garantizar inversiones sectoriales que se ejecuten en las zonas rurales, con una adecuada explotación; facilitar la adquisición de viviendas, materiales de la construcción, equipos y otros incentivos a los profesionales que radiquen y trabajen en la zona rural; recuperar las comunidades agrícolas fundadas por la Revolución; así como crear unidades docentes que acerquen a los estudiantes de la Enseñanza Técnico-Profesional y Universitaria en especialidades agropecuarias, a las formas productivas de las áreas rurales.
En tal sentido, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recalcó la necesidad de tener en cuenta la prioridad que se ha concedido a la ruralidad en el país, pues es un asunto de «importancia económica, productiva y también social», muy asociado a la dinámica demográfica, al respaldo de fuerza calificada en el campo, la producción de alimentos, y otros tantos temas.
Por lo tanto, dijo, «la ruralidad se convierte en un escenario fundamental, y lo que nos estamos planteando en la actualidad es una transformación importante con relación a lo rural».
En el transcurso de la sesión, los miembros del Consejo de Ministros aprobaron también el informe de cumplimiento de la Política de la vivienda, como parte del cual se presentó una detallada y crítica información respecto a los atrasos que la implementación de este Programa evidencia.
De acuerdo con la explicación ofrecida por Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda, del Ministerio de la Construcción, desde el año 2019, fecha en que comenzó a implementarse la referida Política, en Cuba se han concluido 127 345 viviendas, y en 106 332 se han realizado acciones de rehabilitación. El actual déficit habitacional es de más de 800 000 viviendas, siendo las de una situación más compleja La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey.
Entre los principales problemas que impiden un mayor avance en la implementación de la política, refirió que los mayores incumplimientos se concentran en los subsidios, al tiempo que no se han materializado las inversiones previstas para incrementar la producción de materiales de la construcción, ni el equipamiento necesario para ampliar la capacidad constructiva y su sostenibilidad.
De manera general, consideró Rodríguez Salazar, la Política de la vivienda en el periodo se evalúa en retroceso, pues, a pesar del cumplimiento en los años 2019 y 2020, en los dos años siguientes no se lograron iguales resultados, y en la actualidad está en riesgo el cumplimiento del plan del año en curso.
En tal sentido, los miembros del Consejo de Ministros aprobaron, entre otras medidas, el rediseño en cada territorio de la estrategia de la producción local de materiales, con un incremento de las materias primas locales que garanticen la autonomía en la producción de materiales y den respuesta a las necesidades del Programa.
PRESUPUESTO, PRECIOS Y OTROS ANÁLISIS
De igual manera, fueron aprobados ante el máximo órgano de gobierno el informe de control al proceso de ejecución del Presupuesto del Estado en 2023, y la rendición de cuenta del Ministro de Finanzas y Precios.
Respecto a este último punto, al dar paso a la presentación del titular del organismo, Vladimir Regueiro Ale, el Primer Ministro recordó que este es un ejercicio que da cumplimiento a lo establecido por la Constitución de la República y otras leyes, referido a las funciones del máximo órgano de Gobierno cubano.
En tal sentido, la rendición de cuenta del Ministro de Finanzas y Precios abarcó temas asociados al sistema de gestión de Gobierno basado en ciencia e innovación; la atención a planteamientos de la población; el sistema de precios; la gestión de los ingresos presupuestarios; el sistema presupuestario; la contabilidad gubernamental; el fortalecimiento de la contabilidad, cobros y pagos; el control y cobro de multas; el desempeño de la Organización de Dirección Empresarial Caudal, adscrita al organismo; así como el capital humano y la política de cuadros.
Las proyecciones de trabajo del organismo, dijo, dan cauce a la implementación de varios lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así como a otras actividades estrechamente vinculadas al desarrollo del país.
Entre otros proyectos que marcan las prioridades de trabajo, el titular de Finanzas y Precios destacó los relacionados con el perfeccionamiento de la planificación, la ejecución presupuestaria, la articulación del Presupuesto del Estado con el Plan de la Economía, la eficiencia y la eficacia del gasto público, el sistema arancelario, la modernización del sistema tributario, las políticas de precio, los mecanismos de regulación, y otros temas vinculados a las funciones propias del organismo.
De manera particular sobre el tema precios, uno de los principales que atiende el Ministerio, Regueiro Ale
subrayó que «los resultados en ese sentido son insuficientes y demandan de una transformación que permita constatar la efectividad de los precios que se acuerdan y que la población perciba la eficacia de las medidas».
Específicamente sobre la gestión de los ingresos presupuestarios, consideró que «las medidas que se ejecutan aún no tienen el efecto deseado, pues no se captan todas las reservas de ingresos, ni se gestionan al máximo las deudas tributarias».
No se logra, aseguró, revertir la marcada tendencia a la subdeclaración y evasión de ingresos, que constituyen una de las principales indisciplinas que afecta a los presupuestos municipales.
El dictamen presentado por el Gobierno sobre este ejercicio, señala, entre otros aspectos, que el tema «asociado a los precios, que debe ser abordado con mayor profundidad, pues la población no aprecia en ese sentido el papel regulador del Estado», y se hace necesario «definir indicadores concretos, que permitan medir lo que se ha logrado en materia de reducción de precios».
Entre otras recomendaciones, el documento se refiere a la necesidad de «elevar la exigencia y el control sobre la Ley del Presupuesto del Estado y trabajar para la disminución gradual del déficit, garantizar métodos más efectivos de regulación y control de precios, perfeccionar la gestión de cobros de los tributos e incrementar el enfrentamiento a los incumplimientos y conductas evasoras, así como fortalecer el papel del consejo técnico asesor».
Al cierre de la reunión, el Primer Ministro llamó a continuar en el combate ante las dificultades que existen en el orden económico y social, con la certeza de que se pueden vencer los obstáculos.
Nos faltan muchas cosas, no podemos estar satisfechos con lo que hemos hecho, reflexionó, pero en todo el país «se está echando la pelea, se está trabajando, se están buscando iniciativas», y el reto está, dijo, en «cómo explotamos todas las potencialidades territoriales, revisamos métodos y estilos de trabajo y, de conjunto con los trabajadores, los productores y el pueblo, encontramos las soluciones a todas estas dificultades que enfrentamos».
El análisis del Consejo de Ministros incluyó también el contexto que actualmente enfrenta el país, asociado a la situación energética, el abastecimiento de combustibles y la canasta familiar normada, temas sobre los cuales se ofreció una detallada explicación a nuestro pueblo, en el programa televisivo Mesa Redonda del pasado miércoles.