El ciclo progresista no estaba muerto, andaba de parranda.

Por: Katu Arkonada En este artículo: América Latina, Argentina, Brasil, Izquierda Lo quisieron dar por muerto. La derrota del kirchnerismo en la segunda vuelta de las elecciones generales (noviembre, 2015), unido a la derrota del chavismo en Venezuela en las elecciones legislativas (diciembre, 2015) y la pérdida del referendo por la repostulación de Evo Morales (febrero 2016) llevaron a muchos analistas de derecha, pero también de algunos sectores de la izquierda progre y académica, a decretar el fin del ciclo progresista iniciado por Chávez, Lula y Néstor Kirchner en Venezuela, Brasil y Argentina en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI. El argumento principal era que estos gobiernos progresistas, de izquierda y/o nacional-populares, se aprovecharon del alto precio de los commodities, y lograron apoyo popular mediante medidas asistencialistas de redistribución parcial de la riqueza. No tomaban en cuenta que los mismos precios altos que pudieron tener los gobiernos del ciclo progresista también los tuvieron gobiernos como Perú, Colombia, o un México donde la tasa de extrema pobreza en 2018 (16.8 por ciento) es la misma que había en 2008, 10 años en los que la pobreza patrimonial se reducía de 49 a 48.8 por ciento. Mientras, en Bolivia, y en un lapso muy similar, la extrema pobreza pasaba de 38.4 a 15 por ciento. Es decir, la reducción de la pobreza y la desigualdad en cada país de América Latina no dependía tanto de los precios de las materias primas, como de una determinada voluntad y políticas económicas y sociales. Echando la vista atrás, Macri fue el primer, y único, candidato de la derecha que pudo ganar por la vía electoral a un gobierno del ciclo progresista. Los demás gobiernos fueron desalojados mediante golpes de Estado (Honduras, 2009) o golpes parlamentarios (Paraguay, 2012, y Brasil, 2016), a los que se le sumó el lawfare, la persecución judicial en Ecuador (agravada por la traición del señor apellidado Moreno) contra Rafael Correa y Jorge Glas, en Brasil contra Lula, y en la propia Argentina contra Cristina. En Colombia no necesitan perseguir judicialmente a la disidencia, porque asesinarla o desaparecerla sale tan barato como la impunidad. Ver más en cubadebate.cu