Disturbios del 11 y 12 de julio en Cuba: Impartir justicia

No hay manera sencilla de enfrentar ni relatar un juicio. Aquí gravitan, en medio de la solemnidad de una sala, vidas de personas y familias, hechos graves o leves, y las leyes y procedimientos que establece la justicia.

Todo está bien dispuesto. Sobre la mesa del tribunal, en la parte delantera del local, descansa un cúmulo de documentos que resumen lo acontecido. Las pruebas aportadas por la Fiscalía y la defensa, sus informes, la investigación de los hechos, las declaraciones de los acusados.

Frente a frente se miran a los ojos la representación de la Fiscalía y los abogados defensores. La secretaria toma rauda y veloz lo que se dice y, muy cerca, como para que no se escape el más mínimo detalle, está la pequeña baranda desde donde harán uso de la palabra testigos y acusados.

Del otro lado, sentados y dispuestos en dos filas separadas por un pequeño pasillo imaginario, las familias y los acusados. Se hace silencio, son las diez de la mañana y va a comenzar el juicio.

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El 13 de julio del 2021, una nota de prensa del Ministerio del Interior daba a conocer que, un día antes, y como había ocurrido en otros puntos de la geografía cubana, se habían producido hechos vandálicos en La Güinera.

Ubicada en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, en esta localidad “elementos antisociales y delincuenciales (…) alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la estación de la Policía Nacional Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación”.

La nota señalaba que “los manifestantes, a su paso, fueron interceptados por fuerzas del Ministerio del Interior y la población, y en su intento por evadir la actuación vandalizaron viviendas, incendiaron contenedores y afectaron el tendido eléctrico; al tiempo que agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles en el lugar”.

Durante el proceso de investigación, un acusado admitió haber recibido una comunicación desde el exterior anunciándole lo que ocurriría e instándole a incorporarse; otro contó que le prometieron 1 500 CUP si participaba en las protestas.

En ese aciago día, en el desarrollo de esa alteración tumultuaria del orden público, falleció el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, residente en Arroyo Naranjo y con antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden, por lo cual había cumplido sanción.

Es el segundo día del juicio. Han pasado 24 horas desde que, por primera vez, 23 acusados y sus 14 abogados coincidieron en un mismo salón. Tras los nasobucos impuestos por la pandemia se esconden varios rostros. Algunos, jóvenes; otros, no tanto. Todos están acompañados por sus familias.

“¡Sala de pie!”, se escucha.

Y todo vuelve a ser silencio. Una relatoría de lo sucedido el día anterior es presentada desde el estrado. Declaración de acusados, pruebas documentales, periciales y otras declaraciones (de los testigos de la defensa y de la Fiscalía) se escuchan en apretada síntesis para dar paso a la nueva jornada.

Entra la primera testigo.

–¿Es usted amiga, enemiga o familiar de alguno de los acusados?

–Soy del CDR.

–Comparece en este acto en condición de testigo, obligada a decir la verdad de todo cuanto sepa o se le pregunte, o de lo contrario incurriría en el delito de perjurio, ¿entendido?

–Sí.

–Testigo, ¿hace cuánto tiempo usted conoce al acusado y cómo ha sido su conducta?

–Tres años y con anterioridad tenía buena conducta.

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Algunos de los hechos “más agresivos, violentos y dañinos”, que ocurrieron durante el 11 y 12 de julio pasados, están siendo juzgados por los órganos de justicia cubanos.

Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, explica que en las investigaciones realizadas se obtuvo el material probatorio sobre “los actos de promoción, organización y ejecución directa de hechos que la ley penal tipifica como delitos, y que pusieron en grave riesgo la estabilidad de la nación”.

Afirma que “para Cuba, como para cualquier otro país, en las severas condiciones en que enfrentaba la pandemia y sus consecuencias, es de entender perfectamente la gravedad de los hechos ocurridos y la necesidad de aplicar consecuentemente las leyes penales”.

Según Mederos Torres, ya concluyeron los procesos competencia de los tribunales municipales populares por delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa hasta 300 cuotas o ambas. Se trata, fundamentalmente, de delitos “que afectaron el orden y la tranquilidad ciudadana, en los que predominan los desórdenes públicos”.

Sobre los hechos graves y de mayor connotación, informa que casi la totalidad de los procesos están presentados a los tribunales.

“Las diligencias se practicaron bajo el control de la Fiscalía por instructores de los órganos de investigación criminal, con amplia participación desde un inicio de los abogados defensores, quienes aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones. Los imputados de los hechos antes referidos fueron asegurados con medidas cautelares de fianzas y reclusión domiciliaria. En los casos de los autores directos de hechos vandálicos y de mayor connotación, se mantienen en prisión provisional”, dice.

Las pruebas determinaron la participación en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza, robo con violencia, atentado y sedición, entre otros.

Para este último tipo penal, “que tiene marcos sancionadores elevados”, la Fiscalía tuvo en cuenta que los acusados actuaron con extrema violencia, organizaron las alteraciones del orden público, acordaron expresa o tácitamente irrespetar las instituciones oficiales comprometidas con garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana, en particular las personas y bienes que representan o pertenecen a los órganos locales del Poder Popular y el MININT.

La fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República señala que “utilizaron lenguaje grosero y ofensivo para incitar a la violencia, lanzaron objetos cortantes, contundentes o incendiarios contra bienes públicos; arrasaron y destruyeron lo que encontraron a su paso”.

Es por ello –añade– que las sanciones interesadas por la Fiscalía son severas, en correspondencia con el daño a los bienes jurídicos que tutela el Código Penal, teniendo en cuenta la responsabilidad individual y las circunstancias concurrentes y, dentro de ellas, las agravantes de la responsabilidad penal.

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Los procesos presentados a los tribunales ahora son los de mayor gravedad y carácter violento, en los que fueron víctimas funcionarios públicos, trabajadores en varias provincias, continúa explicando la fiscal Mederos Torres.

Cubadebate revela nuevos detalles de los hechos ocurridos el 11 y 12 de julio en el país.

Ha transcurrido casi una hora. Terminaron las pruebas testificales. La fiscal se levanta y expresa sus conclusiones acusatorias. Luego, cada defensor toma la palabra y manifiesta su alegato.

Manuel Alonso, abogado de uno de los acusados, no está de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía. Con tono respetuoso, expone ante el tribunal su tesis, y alega que las evidencias aportadas por el órgano acusador no son probatorias y pide la absolución de su representado. Minutos más tarde, en un breve receso, responde a Cubadebate.

A su juicio, ¿se ha respetado el principio del debido proceso?

–El debido proceso se ha respetado desde el inicio, en el sentido de que se nos ha permitido ejercer nuestro derecho a la defensa en todo momento. Se nos ha dado la posibilidad de entrevistarlos y de aportar pruebas, hacer las conclusiones y la defensa en el juicio oral sin ninguna vulneración de este principio. Hasta ahora no he recibido ninguna queja de mi cliente sobre este tema.

“Él fue el único en el acto del juicio oral que modificó su declaración, haciendo uso del derecho que le concede la ley y, por tanto, nosotros tuvimos que modificar nuestra tesis de defensa”.

¿Cómo ha sido la relación con la familia del acusado?

–Tuve la suerte de encontrar una familia preocupada, sobre todo la esposa, quien ha estado más al tanto del proceso. Ella fue quien hizo el contrato y con la que hemos estado en comunicación en todo momento. Es la que lo acompaña en el juicio oral.

¿La gravedad de los hechos ha incidido en que no se haya procedido de manera correcta al juzgar su acusado?

–Ninguno de los abogados que estamos en este proceso imaginamos estar inmersos alguna vez en algo así. Estos son los tipos de delitos que uno estudia en la carrera, pero uno no se imagina tener que defenderlos o ser parte de un proceso como este.

“No creemos que esa que Ud. menciona haya sido una causa que haya hecho modificar o tratar de otra manera la tramitación del proceso. Sinceramente, ha tenido una carga mediática, pero eso no ha influido en mi trabajo como abogado defensor. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para defender a nuestros clientes sin ninguna vulneración o intermediación, defendiendo sus derechos como es debido”.

¿Por qué rechaza usted las acusaciones de la Fiscalía?

–Es nuestra función. Cuando estamos en contra, impugnamos o rechazamos alguna prueba. La ley nos da el derecho de impugnar y de presentar pruebas diferentes. En mi caso, vengo impugnando todas las pruebas de la Fiscalía porque mi cliente está negando la participación en los hechos. Es el único de los acusados reunidos aquí que niega su participación, por eso impugno las pruebas presentadas por la Fiscalía y le corresponderá al tribunal valorar si le asiste razón a la defensa o la Fiscalía.

¿Ha podido dialogar con el acusado?

–Varias veces. Como este proceso se inició el año pasado, tuve contacto con él a los siete días, y en el resto del proceso he tenido acceso sin problemas en la prisión donde se encuentra, cada vez que él lo ha necesitado. La familia me decía, ‘mire abogado, Harold quiere hablar contigo’. Y durante el juicio también ha sido así.

¿Tiene alguna queja o reclamación?

–No tengo quejas ni reclamaciones. De haberlas tenido, los que me conocen saben que lo hubiera dicho desde el momento en que hubiera existido algún problema. Solo queda esperar por el fallo del tribunal. Si es condenatorio, se establecerá el recurso de casación legalmente establecido; si es absolutorio, estaría feliz como abogado de que haya ocurrido así.

Y usted, ¿Qué espera cómo abogado?

–Racionalidad. Quiero que, si el tribunal los declara culpables, lo haga con racionalidad.

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Para la fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, las normas penales deben ser respetadas estricta e inexorablemente por todos los ciudadanos, organismos del Estado, entidades económicas y sociales.

“La declaración del Artículo 1 dela Constitución, de que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, reafirma el principio de supremacía constitucional e imperio de la ley, y refuerza la institucionalidad socialista”, afirma.

En consonancia con ello –añade–, “es una premisa obligatoria la observancia de las garantías del debido proceso y los principios que lo informan, lo que lleva a la Fiscalía a controlar minuciosamente la legalidad en el curso de las investigaciones”, lo cual está conforme con sus funciones constitucionalmente establecidas.

Así mismo, el artículo 94 reconoce que toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza de diversos derechos.

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Eudones Campos Ramírez es la mamá de uno de los acusados. Aguarda en un banco afuera de la sala y su rostro revela la tristeza que una madre puede llevar en el pecho cuando su hijo ha incurrido en delitos tan graves como el del cual se le acusa.

“Yo, como su madre, pido disculpas por su error, puedo decir, aquí delante de todos los medios, que no lo hizo intencionalmente. Él se metió en eso sin saber lo que estaba por venir; él fue simplemente con sus amigos. Estoy segura de que hoy le preguntas y no sabe por qué lo hizo”, dice.

A pesar de ser un proceso difícil, como ella misma reconoce, sostiene que siempre ha podido mantener comunicación con su hijo. “En lo particular, he tenido buena atención por la defensa. Y aunque con nada de esto me siento contenta, simplemente quiero que se haga justicia y que se tengan en cuenta el comportamiento y el sentimiento de cada uno de nuestros hijos”.

Bien cerca de ella está otra señora, recoge su abanico y deja escapar una frase sin disimulo: “Soy madre también de otro acusado”. Y con las mismas energías salidas del pecho, y sosteniendo la mirada, afirma: “Mi hijo está consciente y arrepentido. Él sabe que tiró piedras”.

“No hay que intentar nada contra la Revolución, no hay que lanzar piedras y mucho menos agredir a la población o la policía. He visto el juicio muy bien, desde todas las partes. La defensa de los abogados ha sido muy buena, la fiscal ha hablado como tenía que hablar y la presidenta de la sala es muy objetiva y humana. Confiamos en los abogados, confiamos en la justicia y en la Revolución”.

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Según informó a Cubadebate el magistrado Joselín Sánchez Hidalgo, director de Supervisión y Atención a la Población del Tribunal Supremo Popular, los hechos que se están enjuiciando en la actualidad guardan relación, entre otras conductas, con agresiones a agentes de la Policía Nacional Revolucionaria con el empleo de armas blancas y, en otros casos, mediante el lanzamiento de piedras u otros objetos contundentes, rotura de cristales en tiendas y entidades estatales, y agresiones físicas a personas que intentaron proteger esas instalaciones.

Uno de los derechos de los sancionados es la posibilidad de solicitar a los tribunales la impugnación mediante recurso de apelación o casación de la sanción impuesta.

Como resultado de ello, seis han hecho uso de esta garantía y otros están en términos para ello.

Explica que las tipicidades delictivas predominantes en los casos juzgados hasta el momento, han sido las modalidades más graves de los delitos de atentado y desacato y desorden público, aunque también se ponen de manifiesto conductas como la instigación a delinquir, lesiones, estragos y daños. “No obstante, otros asuntos se encuentran en tramitación por delitos de sedición y sabotaje”.

En Cuba, las personas pueden ser juzgadas a partir de los 16 años, y los menores de edad en ningún momento son objeto de aplicación del derecho penal.

El director de Supervisión y Atención a la Población del Tribunal Supremo Popular señala que “es la edad penal establecida en nuestro Código, coincidente con la de muchos países del mundo. Para los acusados con edades de entre 16 y 20 años, la ley establece reglas de adecuación que propician el tratamiento diferenciado que el tribunal puede tener presente al momento de decidir la sanción a imponer.

El magistrado asegura que, en todos los casos, los tribunales han observado los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en la Ley del Procedimiento Penal cubanas.

De igual forma, se ha continuado atendiendo las preocupaciones manifestadas por algunos familiares de sancionados, y se han ofrecido las correspondientes respuestas. “Estas han estado referidas, esencialmente, al derecho a la defensa, en los casos de los procesos sancionables con penas de hasta un año de privación de libertad, e inconformidades con los fallos”.

Los últimos minutos de un juicio suelen quedar muy claros en la memoria. Esos momentos nadie los olvida, el derecho de última palabra y la sentencia.

–¿Desea hacer uso del derecho de última palabra?, venga al micrófono. Puede retirarse el nasobuco, así como los demás cuando vengan. Lo escucho.

–Buenos días, desde el principio de la instrucción, a pesar de lo que pasó, sentí el arrepentimiento. A lo mejor estaba en el lugar y en el momento equivocados. Yo creo que los golpes en la vida enseñan. Soy de ese barrio y queremos que se nos dé la oportunidad de demostrar que lo que sucedió ese día no era intencionado.

–Puede sentarse. ¿Miguel, desea hacer uso del derecho de última palabra?

–Buenos días, me siento arrepentido de lo que pasó, yo pasé por ahí. No fue conscientemente que fui a tirar piedras.

–Lázaro, ¿desea hacer uso del derecho de última palabra?

–Ante todo, les pido perdón por las cosas que hice, les pido una oportunidad. No va a volver a pasar, estoy arrepentido.

Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, tampoco puede dejar en el tintero ese momento.

En conversación con Cubadebate, recuerda que “los jueces han actuado con gran responsabilidad, humanismo, no han dejado de sentir la alta responsabilidad que implica actuar en nombre de aquellos que esos días no durmieron, sintieron miedo, no salieron a las calles, de actuar en nombre de un pueblo que ha depositado en ellos la gran función de impartir justicia en su nombre. Los jueces hemos actuado libre y transparentemente, siempre buscando la verdad y tomando decisiones justas que se atemperaran a la ley y la Constitución para los acusados y tomando decisiones justas que se atemperen a lo dispuesto en el Código Penal, a los hechos, las particularidades de los acusados, sus conductas y por supuesto al contexto.

“Nosotros tenemos que tratar de que el proceso no sea un número más, sino que tenga el rigor que conlleva. Estos procesos tenían la particularidad de que se iban a juzgar delitos que no es frecuente su comisión, como son los casos de sedición. Por ello, se requirió de una preparación individual. No había antecedentes”.

De los hechos del 11 y 12 julio de 2021 todavía restan muchas historias que contar. Hasta inicios de este mes de febrero se prevé que se desarrollen en La Habana los juicios pendientes.

Sobre el papel, y en la memoria de las víctimas, permanecerá el relato del hombre que se tuvo que esconder debajo de una escalera durante 15 minutos por miedo, o el temor que sintió de salir a las calles –durante los días sucesivos a los hechos- la que fuera directora del círculo infantil de La Güinera.

Entre las paredes de la sala del tribunal, también perdurarán la palabra encendida de fiscales y los abogados de la defensa, los rostros preocupados y la tristeza oculta parcialmente por la tela de los nasobucos, el apoyo constante de las familias, algunas reflexiones… Todo eso que gravita en una sala donde se imparte la justicia.